Antonio Casado.- Varas de medir.

MADRID 2 Abr. (OTR/PRESS) -

A propósito del caso del espionaje en la Comunidad de Madrid (seguimientos al vicealcalde Cobo y al consejero Prada, con cargo a fondos públicos), cuyo procedimiento judicial ha sido reactivado después de su archivo provisional, como ocurrió en el llamado caso Faisán, que dormía el sueño de los justos cuando lo reactivó el juez Ruz, en el PP madrileño se está hablando de motivos políticos.

Los motivos políticos tienen que ver, al parecer, con el hecho de que la juez ponente de la reactivación del caso de los espías, que deja en muy mal lugar a la presidenta Esperanza Aguirre y al consejero Francisco Granados, es hermana de la ex portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, Cristina Almeida.

No recuerdo haber oído ninguna voz del PP que hablase de motivos políticos, o personales, cuando en su día la sala especial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidido por un magistrado "más que amigo" de Francisco Camps, decretó el archivo provisional del famoso caso de los trajes del presidente de la Comunidad Valenciana. Luego se reabrió también y, como se sabe, está pendiente del juicio oral.

Sí hemos oído voces de dirigentes del PP que, además de atribuir la reactivación del caso del espionaje a razones políticas, han declarado públicamente las generales de la ley: "Los tribunales y no los políticos son los que deben pronunciarse".

Una máxima sistemáticamente incumplida en este partido cuando se trata de Camps, el de los "tres trajes", re-nombrado candidato electoral sin esperar el pronunciamiento de los jueces. O, por razones contrarias, cuando se trata el vicepresidente del Gobierno, Pérez Rubalcaba, que está siendo objeto de una intolerable campaña de linchamiento político por el llamado caso Faisán, sometido a un procedimiento judicial.

De momento, las reiteradas peticiones de dimisión del vicepresidente no tienen su correspondiente parangón con similares peticiones para Camps o Esperanza Aguirre. Ni se habla de los responsables políticos de Sergio Gamón, ex director de Seguridad de la Comunidad y presunto jefe de los espías, como se habla de los responsables políticos de los jefes policiales implicados en el chivatazo del bar Faisán.

Se funciona con distintas varas de medir entre contrarios. Frente a las malas prácticas, no es lo mismo si el interpelado es propio o es ajeno. Y no digamos nada si el ajeno es emergente y querido por la opinión pública. Más cara será la factura, como la que le están pasando los adversarios a Rubalcaba, en forma de tramposo, sucio, indecente, desproporcionado e injusto intento de acabar con el presunto competidor electoral de Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales.