MADRID 18 Sep. (OTR/PRESS) -
Los secretarios generales de los dos grandes sindicatos de este país siguen callados. Ni una palabra le han dedicado a las prácticas corruptas que se vienen denunciando tanto las ligadas directamente con la trama de los ERE en Andalucía, como la de las facturas que con cargo a la Junta de Andalucía pasaba UGT de todo tipo de actos que poco o nada tenían que ver con la acción sindical. Hablamos de comilonas y mariscadas, pero no sólo. Se ha sabido que también el sindicato pagaba gasto corriente a cargo de la Junta cambiando el concepto de la factura.
Ahora, y según publica Tena en Libertad Digital, la juez Alaya elabora una pieza separada de los ERE que afecta de lleno y de nuevo a UGT y CCOO. Se trataría de pagos que ambas organizaciones habrían recibido con cargo a la famosa partida 31-L. Ya en el sumario de la juez estos sindicatos podrían haberse llevado casi 8 millones de euros. Pues más. Y en este caso, los responsables ni una palabra. Nadie pide dimisiones, ni comisiones de investigación. Es, como siempre, la doble vara de medir. Es más Griñán y Chaves, en la picota, recurren a hacer de su caso el "caso Alaya", a la que acusan casi, casi de prevaricación.
El caso de los ERE no es sólo una vergüenza por lo que supone de desviación del dinero de la formación de los parados a los bolsillos de algunos, sino que estamos hablando de posibles delitos de malversación y falsedad y vaya usted a saber cuántos más. No es que esté implicada la Junta (41 altos cargos) sino los sindicatos, aseguradoras y mediadoras. Todos han "robado" dinero de los parados y a manos llenas.