Cayetano González.- Síntoma preocupante.

MADRID 18 Ene. (OTR/PRESS) -

La agresión física sufrida el pasado sábado por el consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia, Pedro Alberto Cruz, que le han producido importantes destrozos en el ojo y en la cara, es un hecho de una enorme gravedad, que no puede ser despachado con una simple condena. Lo primero que hay que exigir al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en dicha Comunidad es el total esclarecimiento de lo sucedido, lo que pasa de forma inexorable por la detención y puesta a disposición judicial de los agresores.

Y aquí chocamos ya con el primer obstáculo. Porque esta agresión al consejero de Cultura ha sido una más -quizás la más grave en cuanto a las heridas causadas- de las sufridas por miembros del PP de la Comunidad de Murcia, desde que el pasado mes de diciembre el Gobierno de dicha Comunidad decidiera aprobar un proyecto de ley sobre Medidas Extraordinarias por la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas que llevaba aparejado un recorte en el sueldo de los funcionarios públicos por un total de 300 millones de euros. A partir de ese momento, el acoso de los sindicatos y simpatizantes de estos a cargos públicos del PP ha sido continuo, incluyendo insultos y lanzamientos de huevos a la hija del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a las puertas del domicilio paterno.

Ese día, el Delegado del Gobierno en Murcia no tuvo otra ocurrencia que declarar que "si que podría llevar a la exigencia de responsabilidades el haber llevado a la Región al punto en que nos encontramos, y a la posibilidad de no ver salidas que no sean hacer cargar de nuevo sobre los empleados públicos y las personas que tienen un nómina a cargo de la Comunidad". Si al máximo responsable político de velar por el orden público en la Región no se le ocurre otra cosa que decir y al cabo de unas semanas, un consejero es agredido brutalmente, su única salida es dimitir o si no lo hace, ser cesado por su superior, es decir, por el ministro del Interior. No ha sucedido ni una cosa ni la otra.

El clima de agitación social que puede ir generándose en España a medida que se tengan que ir aplicando -bien por el Gobierno central o por las comunidades autónomas- medidas muy similares a las adoptadas por el Gobierno de la Región de Murcia tiene que ser motivo de reflexión de los partidos políticos, de los sindicatos y de todos aquellos agentes implicados, porque estas cosas se sabe como empiezan pero nunca como acaban. Y lo que es inadmisible es la diferente vara de medir que tienen algunos miembros del PSOE, cuando estos actos vandálicos suceden en comunidades gobernadas por el PP. Esa actitud rastrera llegando a lo miserable no consigue más que emponzoñar el sistema y someter a este a unas tensiones que pueden tener unas consecuencias nada deseables para nuestra convivencia democrática.