Charo Zarzalejos.- La financiación

MADRID 11 May. (OTR/PRESS) -

El próximo 9 de agosto se cumple la fecha límite para que el acuerdo de financiación del Estado con Cataluña sea una realidad. El Estatuto, aún pendiente de dictamen por el Tribunal Constitucional, a efectos prácticos ha entrado en pleno vigor y desde las instituciones catalanas se reclama su cumplimiento. Y en el mismo se contempla, con nitidez absoluta, la 'bilateralidad' a la hora de negociar los dineros públicos. Este fue uno de los aspectos que llevó al PP a oponerse y plantear el correspondiente recurso y, por el contrario, fue aplaudido y apoyado por el PSOE. Por el PSOE que estaba en el Congreso y por el que estaba fuera; es decir, por los 'barones' socialistas, que si bien lo vieron con preocupación y alguno algo dijo, nunca se caracterizaron por una oposición radical y fundamentada que hiciera, cuando menos, matizar las aspiraciones catalanas avaladas, desde luego, por el Presidente del Gobierno.

El papel lo aguanta todo y la coyuntura aconseja a veces adentrarse en territorios luego difíciles de transitar. Esto es justamente lo que ocurre con la financiación autonómica, a la que todas las comunidades tienen derecho y todas pueden esgrimir argumentos de corrección. Quien no tiene el problema de la dispersión, tiene el problema del aumento poblacional o el de la insularidad. Y si Cataluña tiene su modelo, las demás no quieren renunciar a sus propias posiciones.

La polémica, como se veía venir, está servida. El Presidente del Gobierno pidió a los suyos capacidad para mantener criterios por todos compartidos, pero de momento no es posible y el tiempo apremia. Y apremia, sobre todo, el poder del PSC, cuyas decisiones son, probablemente, las que más pueden preocupar al conjunto del PSOE.

De acuerdo con el Estatuto catalán, las reclamaciones de Montilla se ajustan a lo aprobado. La incoherencia no está en las instituciones catalanas sino en los demás, en los que aplaudieron casi sin rechistar 'el fenomenal avance' que el citado Estatuto suponía para la 'cohesión territorial'. En esto del debate territorial, la ola identitaria todo lo ha invadido y, en muchas ocasiones, con el apoyo explícito del PP. "Gracias a nosotros se han mejorado muchos textos que no ofrecen duda de constitucionalidad", dicen en Génova. Pero lo cierto es que para que una decisión sea buena no basta con que sea legal, tiene que ser acertada y está por ver que sea un acierto que teniendo como tenemos una Constitución que reconoce, como ninguna otra, los derechos de los ciudadanos, ahora cada autonomía tenga su particular catálogo. Y esto sólo por poner un ejemplo.

En España, de verdad, siempre ha habido dos únicas cuestiones de relevancia: la catalana y la vasca. Al rebufo de estas dos realidades se apostó por la estupenda receta del Estado autonómico, que ha sido un auténtico motor de cambio y prosperidad para el conjunto de los españoles. ¿Somos de verdad un Estado autonómico? Los diversos textos estatutarios permiten concluir que estamos en otra cosa distinta, más próxima a un Estado federal que a uno autonómico; es decir, ni carne ni pescado. Resulta difícil de regular posiciones y pretensiones cuasi federales bajo el paraguas de la autonomía. Es algo parecido a lo del camino hacia la laicidad. El Estado es 'aconfesional' o 'laico'. En esto lo mismo: o autonómico, o federal. Todo es cuestión de plantear el debate con seriedad y, si es preciso, acudir a la correspondiente modificación constitucional. De no ser así, ni carne ni pescado, sino todo lo contrario. O sea, un fiasco.

Charo Zarzalejos