Crónica 11-M.- El Gobierno informa del cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de investigación del 11-M

- Envía al Congreso de los Diputados un informe en el que detalla las medidas emprendidas

MADRID, 22 Oct. (OTR/PRESS) -

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido al Congreso de los Diputados el 'Informe de Cumplimiento de los compromisos parlamentarios', un compromiso del Gobierno del PSOE adquirido por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega durante una comparecencia en la Comisión Constitucional en mayo de 2004.. En él se informa de que el Ejecutivo considera que ya ha dado cumplimiento al paquete de recomendaciones que aprobó la Comisión de Investigación del 11-M, tanto las relativas a la atención de víctimas del terrorismo como a la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo internacional.

El documento de recomendaciones que aprobó la Comisión de Investigación el 8 de marzo de 2005, con motivo del primer aniversario de la masacre enumeraba más de 130 medidas para mejorar la seguridad del Estado ante la amenaza terrorista y para profundizar en una más eficaz atención a las víctimas y sus familias. En el Informe, el Gobierno afirma que ha dado cumplimiento a esas recomendaciones "aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 30 de junio de 2005" en materia de atención a las víctimas del terrorismo y en lo relativo a la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo internacional.

Año y medio después de la aprobación de las recomendaciones, el Gobierno detalla el cumplimiento de medidas relativas a las ayudas y pensiones a las víctimas, la agilización de los trámites para la adquisición de la nacionalidad y de los permisos de residencia o trabajo, así como la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) o la constitución del Comité Ejecutivo del Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, indica que ha puesto en práctica un sistema de bases de datos policiales de acceso conjunto y compartido, y ha aprobado la Ley por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust. Finalmente, recuerda que ha elaborado un nuevo plan operativo de lucha contra el terrorismo, que, entre otros objetivos, incide en la especialización policial para maximizar las capacidades de inteligencia y la prevención.

COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En el mismo informe, el Ejecutivo recuerda su compromiso con las víctimas y sus familias en los Presupuestos para 2005 con 600.000 euros destinados a su atención y los 870.200 euros de 2006, frente a los 240.000 de 2004. Señala, además, que la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha concedido 642 ayudas económicas, destinadas a distintos conceptos asistenciales, por importe de 1.172.283 euros. En el área de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, el importe total de los expedientes resueltos a favor de las víctimas alcanza hasta el mes de junio de 2006 un importe de 61.602.652 euros.

El volumen de recursos destinados a resarcir a las víctimas del terrorismo en el 2005 fue de 21.603.089 y 567.953 euros destinado a subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, añade el citado informe. Igualmente, subraya que a 20 de junio de 2006 se han resuelto 2.930 expedientes de indemnización por daños corporales derivados de los atentados, correspondientes a 1.611 solicitantes, lo que supone que están "resueltos el 97 por ciento de expedientes iniciados".

EL TEXTO DE LA COMISIÓN

El texto que aprobó la Comisión de Investigación del 11-M, promovido por el PSOE y las minorías (CiU, ERC, PNV, IU-ICV y Mixto) y cuya redacción llegó a conocer tres versiones, comenzaba con más de una veintena de medidas en apoyo de las víctimas y sus familias, incluyendo la unificación de la legislación al respecto. En materia de seguridad, se abogaba por ampliar los efectivos policiales y por acrecentar su especialización y coordinación, prometiéndose una comparecencia periódica ante la Comisión de Secretos del responsable del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

Igualmente, se defendía la dispersión de presos incursos en causas de terrorismo islamista "cuando existan indicios fehacientes de que en las prisiones se están conformando células terroristas". Además, se reclamaban jueces y fiscales especializados en terrorismo internacional, un fiscal europeo para la lucha antiterrorista, un banco judicial de datos sustentado con información de las Fuerzas de Seguridad y hasta se aconsejaba construir un edificio judicial específico para albergar los tribunales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas.