Actualizado 16/11/2006 19:12

Crónica 11-M.- Otra asociación de víctimas del 11-M pide para los imputados penas inferiores a las de la Fiscalía

- La Asociación de Ayuda a las Víctimas exige que se investigue la participación de ETA en los atentados

MADRID, 16 Nov. (OTR/PRESS) -

Si ayer fue la la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, que preside Pilar Manjón, la que presentó su petición de las penas para los 29 imputados por los atentados, hoy le tocó el turno a otra asociación de víctimas. Se trata de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que también se persona como acusación particular en el proceso. En su escrito solicitan penas que suman un total de 232.823 años, casi 40.000 menos de los que solicita la fiscalía y más de 156.000 años inferior a la que ayer pidió la asociación de Manjón. Además, el texto también pide que se investigue la participación de ETA en los atentados y sostiene que no está acreditado que la sustancia utilizada por los terroristas fuera Goma 2 Eco.

El escrito de acusación presentado hoy ante la Audiencia Nacional denuncia que se "continúa ocultando" el tipo de explosivos utilizado en los atentados y sostiene que en ella actuó una "trama" formada por "terroristas desconocidos no investigados y que posiblemente pertenezcan a ETA". Critican "la existencia de informes manipulados, como el relativo al ácido bórico" que "ponen en entredicho buena parte de la investigación".

Sostiene que las resoluciones del juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, no "aclaran" el tipo de explosivos que se utilizó en los atentados, y afirma que no "existen informes de la Policía Científica ni de la Unidad de Desactivación de Explosivos" que lo expliquen, a pesar de que los TEDAX estuvieron recogiendo muestras de explosivos tras la masacre. La asociación afirma que la sustancia que explotó en los trenes podría haber sido Titadyne, por el presunto hallazgo de nitroglicerina en el lugar de los atentados, con lo que "las conclusiones son claras: las bombas que explotaron las habría proporcionado (si no colocado) la banda terrorista ETA con el Tytadine que robó hace años en Francia".

También se refiere al informe pericial del ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto ideólogo del 11-M Hassan el Haski, en el que se relacionaba este hallazgo con ETA. En su opinión, es "innegable" que existe una "determinación de ciertos mandos policiales" de intentar ocultar la relación de ETA con los atentados. Pero el escrito no se queda ahí, y además apuntan que ETA participó en el 11-M con "una finalidad política", para "forzar un cambio de Gobierno en las elecciones que se celebrarían tres días después".

LA TRAMA ASTURIANA, BENEFICIADA

Considerar que no fue Goma 2 Eco lo que utilizaron los terroristas para cometer la masacre tiene unos grandes beneficiados, los integrantes de la trama asturiana. Así el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, el mayor acusado por la Fiscalía con 38.870 años de cárcel, la asociación pide 402 años de prisión, ya que le acusa de la muerte del GEO fallecido en Leganés pero no de los 191 asesinatos cometidos el 11 de marzo.

Para el resto de integrantes de la trama asturiana las penas solicitadas van desde los 23 años de prisión para Antonio Toro Castro, por delitos de colaboración terrorista, asociación ilícita y suministro de explosivos, hasta los cuatro años que interesa para su hermana Carmen Toro por este último delito, una petición -en este último caso- que coincide con la de la fiscal Olga Sánchez.

Para los tres presuntos autores materiales del atentado que se sentarán en el banquillo, Jamal Zougam, Basel Galhyoun y Abdelmajid Bouchar, solicita 38.688 años de prisión y para los tres presuntos inductores Rabei Osman el Sayed, alias "Mohamed El Egipcio", Hassan el Haski y Youssef Belhadj, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M pide 38.690 años de cárcel. Además, solicita que se condene a todos los procesados a pagar 600.000 euros a cada uno de los familiares por cada fallecido. Respecto a los heridos, solicita indemnizaciones que abarcan desde los 3.250 euros hasta los 978.000 euros.

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