- Narbona pretende separar la representación civil de la administrativa en los órganos consultivos sobre el agua
MADRID, 30 Oct. (OTR/PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, propuso hoy al Consejo Nacional del Agua garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de 60 litros de agua potable por día y, paralelamente, gravar el consumo que exceda de esta cantidad. Por otro lado, el Ministerio quiere reformar los órganos oficiales y separar la representación civil de la administrativa, tanto en el Consejo como en cada cuenca hidrográfica.
La ministra de Medio Ambiente recordó que "ya hay ayuntamientos que tienen tarifas que incentivan el uso responsable del agua". Además subrayó que es una exigencia "si se quiere hacer una política del agua seria". El objetivo del Gobierno es por un lado garantizar el abastecimiento de agua y por otro contener su consumo excesivo.
Para ello pretende que la reforma de la Ley de Aguas introduzca unas recomendaciones de consumo de en torno a un máximo de 60 litros por persona y día, y que a partir de esa cantidad se pueda penalizar el consumo excesivo.
La ministra cree que la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación establezcan medidas que permitan un uso más eficiente del agua en las edificaciones. Asimismo, en la reforma de la Ley de Aguas prevista por el Gobierno se incorporará también el principio de recuperación de costes que obliga la Directiva Marco de Aguas, que establece "las estructuras tarifarias por tramos de consumo para atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos".
La ministra cree que para aplicar este principio de recuperación de costes en las obras destinadas a regadío se deben analizar "cuenca a cuenca y cultivo a cultivo" para determinar "en qué medida es factible reducir la subvención que este momento se realiza de manera implícita en el coste del agua".
SEPARACION DE ORGANOS
Por otra parte, el Gobierno quiere reformar la composición del Consejo Nacional del Agua y que sea sólo un órgano consultivo con organizaciones sociales, y no se incluya a representantes de las Administraciones porque, según los argumentos de la ministra, al final "lo que hacen con su voto es refrendar siempre lo que hace la Administración del Estado".
Las Administraciones quedarían representadas en la Conferencia Sectorial del Agua. "Hay que separar los órganos consultivos y de participación pública de los órganos que tienen una composición política", indicó Narbona. Además el Gobierno prevé separar la sociedad civil de la Administración también en cada una de las cuencas.
De esta manera, se prevén crear Consejos de Agua en cada una de las cuencas hidrográficas para garantizar la información y participación de la sociedad civil, mientras que los Comités de Autoridades Permanentes de cada cuenca estarán formados por los representantes de las Administraciones.
En esta reestructuración y en relación a las últimas polémicas en torno a las competencias de las comunidades sobre el agua, la ministra dejó claro que es el Gobierno el que tomará las decisiones importantes subrayando que una cosa son los textos que entran en el Parlamento y otra los que salen del mismo.