Crónica Banca.- El fiscal solicita que se archive el caso de las cesiones de crédito del Santander

- Argumenta, al igual que la defensa de Botín, que la Ley no faculta a la acusación popular para pedir la apertura del juicio oral

MADRID, 23 Nov. (OTR/PRESS) -

Hoy comenzó en la Audiencia Nacional el juicio oral por el caso de las cesiones de crédito, en el que están acusados cuatro directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, y 20 clientes de la entidad. El fiscal solicitó al tribunal el sobreseimiento libre de la causa al entender se incumplen los "parámetros" legales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para proceder a la apertura de juicio oral, puesto que sólo lo solicitó la acusación popular, que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC).

Además de Botín, se sientan en el banquillo otros tres directivos del Santander: el ex consejero delegado Rodrigo Echenique; el ex jefe de la asesoría jurídica del banco, José Ignacio Uclés, y el antiguo jefe central contable, Ricardo Alonso Clavel. A todos ellos se les imputan cuatro delitos continuados de falsedad -tres de ellos en documento mercantil y uno en documento oficial- y una treintena contra la Hacienda Pública.

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota insistió en que la apertura del juicio oral formulada sólo por la ADIC (una asociación vinculada a Rafael Pérez, imputado por el caso Banesto) infringe lo establecido en la LEC, que apunta que el juez debe archivar la causa si esta sólo se sostiene por la acusación popular. La ley dice que "si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) lo acordará el juez" dejando "sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas".

Esta no es la primera vez que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los responsables del Banco Santander. En concreto, el Ministerio Público ha solicitado el archivo en 16 ocasiones y la Abogacía del Estado lo ha hecho 7 veces. La posición del fiscal coincidió con el criterio del abogado de Botín, Gónzalo Rodríguez Mourullo, quien también solicitó al tribunal que se dicte auto de sobreseimiento libre, al considerar que "la acusación popular carece de legitimidad para formular la apertura de juicio oral".

PRODUCTOS OPACOS

El caso arranca a finales de los años 80 cuando se produjo en boom de las cesiones de crédito y también de las llamadas "primas únicas", unos productos opacos fiscalmente para Hacienda -pero totalmente legales, en principio- y que se lanzaron a comercializar medio centenar de entidades. En 1990 y ante la evidencia de que estos productos ocultaban dinero negro, Hacienda inició una intensa campaña de inspección.

Estas investigaciones no afectaron sólo al Santander, sino que también se vieron involucradas entidades como La Caixa o Bankinter, pero el banco de Botín fue el único en el que estas pesquisas prosperaron. Hace cuatro años la juez Teresa Palacios concluyó la investigación y determinó la existencia de un elevado fraude a la Hacienda Pública entre los años 1987 y 1991.

En su instrucción la juez señala que las cesiones de crédito se lanzaron como un producto financiero que en banco lanzó al mercado para captar fondos fiscalmente opacos y que esto se les garantizaba a los clientes, que así se evitaban el pago de retenciones a Hacienda. El 6 de octubre de 2004 la juez Palacios dictó el auto de apertura de juicio oral, en el que impuso a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490 euros y les acusó de 30 delitos contra la Hacienda Pública.