Actualizado 04/12/2006 22:45

Crónica Corrupción (3).-Garzón implica al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en una presunta trama de comisiones ilegales

- Un documento incautado por Anticorrupción habla de tres millones de euros a pagar a Miguel Zerolo (Coalición Canaria)

MADRID, 4 (OTR/PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la presunta estafa a miles de clientes de la empresa de inversión en bienes tangibles Fórum Filatélico, ha encontrado indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho por parte de varias autoridades tinerfeñas, entre las que estaría el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). Les implica en el supuesto cobro de comisiones relacionadas con operaciones urbanísticas a desarrollar por una filial de la filatélica intervenida. Un documento incautado por Anticorrupción habla de tres millones de euros a pagar a Zerolo.

Las operaciones a investigar estarían relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio. Según Garzón, de la documentación incautada el pasado 9 de mayo en la sede de Fórum de la calle José Abascal de Madrid se deduce que esta entidad, a través de su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A., a su vez propietaria de Parque Marítimo Anaga S.A, ha venido desarrollando, al menos desde el año 2004, determinadas operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una concesión administrativa para la construcción del citado puerto deportivo y el desarrollo de las parcelas.

El juez cree que hay indicios de que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".

Además del alcalde de Santa Cruz, Garzón pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor; a la asesora urbanística Herminia Gil y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga como "presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias, siempre según la literalidad de documentos obrantes en autos".

Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, "bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas" están el ex presidente de Fórum, Francisco Briones (en libertad bajo fianza desde el pasado mes de agosto), el ex director general de la filatélica Juan Ramón González Merino y el asesor jurídico de la entidad Juan Ramón González.

El magistrado también implica al arquitecto Julio Aumente, a los abogados de los bufetes Prius (Antonio Martín -Lomeña y Juan José Domíngez Baro) y Cuadra Asociados (Carlos Gómez Castillo, Domingo Cuadra Morales) y a otras dos personas de las que no se especifica el cargo.

Precisamente la Fiscalía Anticorrupción entregó hoy un informe a Garzón en el que se alude al pago de tres millones de euros de la empresa Parque Marítimo Anaga -propiedad de una filial de la empresa de inversiones intervenidad Fórum Filatélico- a Coalición Canaria.

Los documentos incautados apuntan a la posible realización de pagos ante determinadas instancias, cuyo alcance, motivo y pertinencia no se explicitan. Así, se señala que, por encargo de Llorca, las labores de gestión ante las Administraciones fueron asumidas por el arquitecto implicado Julio Aumente y por el también imputado José Ana López, a quien se dio la libertad de disponer económicamente de lo necesario para tal fin.

En la citada documentación también se señala que éste último realizó una importante labor de presión "a las más altas esferas políticas", obteniendo una revisión de la concesión administrativa inicial del puerto, así como un aumento muy significativo de la edificabilidad.

Así, se encuentran anotados "compromisos" por valor de 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, Luis Celso; 30.000 euros pagaderos a la asesora urbanística en relación con las asociaciones vecinales Herminia Gil y, para el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez, el 50 por ciento del valor de las obras a ejecutar por dicha institución en el ámbito de la concesión.

RESPONSABILIDAD PENAL

También figura incautado un organigrama con los nombres de las personas que intervienen de una u otra forma en estas operaciones, sin que esa inclusión nominal, según la Fiscalía, pueda suponer por sí sola un indicio de responsabilidad penal. Se destaca también a aquellas personas que, por algún motivo interesa "mantener" compensados, que son el presidente del Puerto, el alcalde, la asesora y el presidente de la asociación de vecinos.

Anticorrupción vincula al condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales José manuel Carlos Llorca Rodríguez con la presunta trama de corrupción urbanística en Tenerife. A Zerolo se le implica por la recalificación de los citados terrenos en Valle de Tahodio, ya que se alude a que "respecto al pago reclamado por el alcalde, habrá que ver el porqué y a cambio de qué".

En el auto, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. La resolución se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que encontró pistas de una supuesta trama de corrupción urbanística entre los documentos intervenidos el pasado mes de mayo en la sede central de Fórum en Madrid, referidos a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A.

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