Crónica Educación.-El Congreso envía la reforma de la LOU al Senado con la oposición del PP

- Se tendrán en cuenta las condiciones socioeconómicas en el acceso a las becas para asegurar la igualdad en todo el territorio

MADRID, 14 Dic. (OTR/PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con la sola oposición del PP, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que ahora será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. En este último paso antes de enviarla a la Cámara Alta, se introdujeron cuatro enmiendas transaccionales, entre las que destaca la propuesta de IU-ICV por la que se incluyen las condiciones socioeconómicas "u otros factores" para asegurar la igualdad en el acceso a las becas.

La votación se resolvió con 189 votos a favor y 132 en contra, todos por parte de los populares. Además, el Pleno aprobó una decena de enmiendas vivas después del trámite en comisión y cuatro transaccionales. El PP justificó su voto en contra como "compromiso" por los que "luchan" por una Universidad abierta, mientras que CiU y PNV celebraban el anuncio del Ejecutivo de retirar los recursos de inconstitucionalidad presentado contra las leyes universitarias de sus autonomías.

Por su parte, ERC anunciaba tras el debate, que votaría a favor del dictamen si obtenía un "compromiso firme" de la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, respecto al Real Decreto de becas y ayudas al estudio que se publique "en enero". Esta modificación que incluye las condiciones socioeconómicas en el acceso a becas es una de las enmiendas más destacadas, pues va a permitir la igualdad en el acceso a las becas y ayudas al estudio "en todo el territorio", que el Gobierno determinará "sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónomas", dice ahora la reforma.

Sin embargo, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, defendió que el modelo de becas debe basarse en el principio "fundamental" de que las "disfrutan individuos concretos y no territorios concretos". "La política de becas, que es una competencia del Estado, tiene que ser una política que garantice la igualdad de acceso de todos los estudiantes de cualquier comunidad autónoma a esas becas y en esa línea vamos a trabajar", dijo.

OTRAS MODIFICACIONES

Asimismo, en este último trámite se incluyeron también otras modificaciones, entre las que destaca que no se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la Universidad.

Sobre este tema, y durante el debate en el Pleno, el PP insistió en denunciar que el nuevo modelo de acreditación del profesorado funcionario, supone la "devaluación" de los cuerpos docentes, que dice, encamina a la Universidad hacia un "mercado de las acreditaciones". También criticó la "muy imprudente, engañosa y perturbadora" regulación de los títulos oficiales. Por contra, la portavoz del PSOE, Montserrat Palma, valoró el trabajo "intenso, interesante y fructífero" de los grupos parlamentarios dando como fruto un texto "mucho más complejo, matizado, enriquecido y mejor" en el que "todos y cada uno" se ven reconocidos "en mayor o menor medida".

Además de las modificaciones de hoy, en el paso de la normativa por la Comisión de Educación y Ciencia se introdujeron diversas enmiendas, entre las que destacan las 48 transaccionales que obtuvieron luz verde, cuatro de ellas por unanimidad, como la que fija un plazo máximo de cuatro años para que las universidades adapten sus estatutos a la reforma. A las comunidades autónomas, se les reclamará informe previo para que el Ejecutivo establezca el procedimiento de admisión de alumnos y velar por que éste sea "general, objetivo y universal". Para los alumnos esta ley prevé la elaboración de un estatuto y la creación del consejo de estudiantes universitarios, con el fin de articular su participación en el sistema universitario.

Por otra parte, se garantiza la autonomía universitaria en el diseño de los títulos oficiales, que deberán contar con autorización de las comunidades autónomas. En lo referente a la petición de los grupos nacionalistas, que reclamaban tener en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales como requisito para el acceso de los alumnos a la Universidad, se decidió establecer que los poderes públicos y las universidades establecerán mecanismos para "favorecer" el conocimiento de las lenguas cooficiales "en los procesos de acogida" de los diferentes miembros de la comunidad universitaria