Crónica ETA.-((Sustituye a la anterior a todos los efectos))

Exteriores asegura que Venezuela no va a conceder ni nacionalidad ni indemnizaciones a etarras

- El abogado de los etarras subraya que hay un acuerdo firmado por Exteriores y amenaza con acudir a la Corte Interamericana de DDHH

- Zapatero pide tiempo para confirmar que Chávez les ha concedido la nacionalidad y Rubalcaba ya tacha al decisión de "inaceptable"

- El PP exige una "respuesta tremendamente contundente" ante lo que califica "argucia bananera"

MADRID/DAKAR/BRUSELAS, 5 Dic. (OTR/PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación asegura que las autoridades venezolanas le han desmentido que vayan a conceder la nacionalidad ni ningún tipo de indemnización a miembros de ETA. Así se lo transmitió el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro al embajador español e Caracas, Raúl Morodo, un desmentido que rápidamente tuvo su respuesta por parte del abogado de los etarras, Marino Alvarado, que asegura que hay un compromiso por escrito en torno a las indemnizaciones y amenaza con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se cumple.

En medio de la confusión, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se puso a trabajar a contrarreloj escudriñando hasta la última coma de los expedientes judiciales de los cuatro etarras residentes en Venezuela -Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Miguel Ángel Aldana y Jesús Ricardo Urteaga- a los que el Gobierno de Chávez podría conceder la nacionalidad. El Ministerio Público está comprobando si tienen alguna causa pendiente ante los tribunales españoles que les permita solicitar su extradición a las autoridades de Caracas.

Este frenético trabajo se produce después de que se anunciara la posible nacionalización de estos terroristas y la indemnización a otros que se habían deportado a España, unos extremos que fueron desmentidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores español remitiéndose a la garantía que le había dado el Ministro de Asuntos Exteriores venezolano al embajador español durante una entrevista personal.

Sin embargo, minutos después de este desmentido, el abogado de los etarras, el venezolano Marino Alvarado, explicó que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza, los dos etarras que fueron extraditados en el año 2002 para los que se acordó una indemnización de 350.000 euros por daños y perjuicios para ellos y sus familias por la "arbitraria e ilegal deportación".

Alvarado menciona concretamente a la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, un acuerdo que se cerró con la citada oficina que actuaba con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería. "No entiendo qué es lo que está pasando, pero me parece que el Gobierno está cediendo ante las presiones de Madrid y eso es inaceptable", subrayó amenazando con elevar su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que se incumpla lo pactado.

Antes de que se produjeran este cruce de manifestaciones ya se produjeron reacciones. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó tiempo hasta confirmar la noticia. Más allá fue el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no dudó en afirmar que de confirmarse "sería una decisión inaceptable para España". El PP, a través de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, exigió una "respuesta tremendamente contundente" ante lo que califica "argucia bananera".

PROCESOS PENDIENTES

En cualquier caso, para evitar que los etarras eludan su cita con la justicia española, la Fiscalía ya está buscando procesos abiertos contra estos cuatro etarras que no hayan preescrito. De encontrarlos, el Ministerio Público pedirá a los jueces que insten los trámites necesarios para iniciar el proceso de extradición de cuatro presuntos terroristas.

Si encuentra fundamentos para ello, la Fiscalía pretende hacer lo mismo que en el caso del presunto ex miembro del 'Comando Oker' Arturo Cubillas Fontán, quien ostenta un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura venezolano.

El pasado 24 de noviembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a los fiscales correspondientes que instarán la reapertura de tres procedimientos judiciales que Cubillas tiene pendientes la Audiencia Nacional para estudiar si ha transcurrido el plazo máximo de prescripción de los delitos que en ellos se le imputan.

Mientras la Fiscalía trabajaba para intentar encontrar algo a lo que agarrarse para forzar la extradición de los etarras, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo hacía para que las autoridades venezolanas confirmara o desmintieran -como finalmente fue- de forma oficial si se les concedió la nacionalidad. Durante la mañana el propio Zapatero solicitó calma y tiempo hasta tener toda la información. "El ministerio de Exteriores está lógicamente realizando las gestiones oportunas para conocer el alcance y exactitud de la información", afirmó el presidente desde Dakar adonde viajó para firmar varios acuerdos con el Gobierno senegalés.

"Hay que esperar por si toda la información fuera exactamente así, y si se hubiera producido la confirmación de esa adquisición de la nacionalidad", señaló Zapatero en declaraciones a RNE recogidas por OTR/Press, que también anunció que cuando Exteriores tenga "la información oportuna hará la evaluación y tomará la iniciativa la respuesta que corresponda".

Y aunque también hablando en condicional, a la espera de la confirmación oficial -o en este caso desmentido-, el que sí se lanzó a valorar lo que supondría la nacionalización de los tres etarras fue el ministro del Interior. Desde Bruselas Rubalcaba aseguró que, si se confirma que Chávez ha concedido la nacionalidad a cuatro miembros de ETA para evitar que sean juzgados en España, esta decisión sería "inaceptable" para España.

LOS AMIGOS "BANANEROS" DE ZAPATERO

El que no esperó la confirmación oficial de la noticia fue el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que exigió al Gobierno una "respuesta tremendamente contundente en el ámbito diplomático" para impedir que Chávez consume lo que calificó como un "insulto al conjunto de la democracia española" y una nueva "argucia bananera" con la que sólo busca evitar que los terroristas "paguen por sus delitos".

"Eso pasa por tener amigos tan bananeros y tan amantes de la libertad como lo que tiene el señor Rodríguez Zapatero", ironizó Zaplana que también reprochó al Gobierno que haya reaccionado de forma "tenue, descafeinada y ridícula", limitándose a anunciar que iba a confirmar la veracidad de la noticia. "Un Gobierno tiene medios para confirmar esto en segundos o en minutos", sentenció el dirigente popular que también anunció que de corroborarse la nacionalización de los etarras su grupo solicitará la comparecencia en el Congreso de los ministros de Exteriores y Justicia, Miguel Angel Moratinos y Juan Fernando López Aguilar.

Y la que tampoco podía faltar es la ilegalizada Batasuna. Uno de sus dirigentes, Joseba Álvarez, pidió que se respete la decisión adoptada por las autoridades venezolanas tal y como se hace con las del resto de estados. Antes de conocer el desmentido de Caracas, el dirigente batasuno afirmó que Batasuna "tiene por principio reconocer que las decisiones de los pueblos y los Estados, en principio, deben ser soberanas" y mostró su su apoyo a la "política anti neo-liberal" en América Latina y al "proceso bolivariano" de Hugo Chávez, que se ha "legitimado aún más" tras las últimas elecciones.