Crónica Euskadi (3).- El CGPJ exige el cese de las campañas que "hostigan y desprestigian" a los jueces vascos

- El Gobierno de Vitoria denuncia el "doble rasero" de la Justicia al procesar a Ibarretxe y no a Zapatero o a Patxi López

MADRID/VITORIA, 30 Ene. (OTR/PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se revela contra la campaña de deslegitimación y acoso que, a su juicio, durante estos últimos días están sufriendo los jueces vascos. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de la judicatura aprobó hoy por unanimidad una declaración institucional en la que exige "el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la comunidad autónoma vasca, y con ello al Poder Judicial en su conjunto". Mientras tanto, desde el Gobierno vasco siguen criticando con dureza la actuación de la Justicia a la que acusaron de tener un "doble rasero" al procesar al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por su reunión con Batasuna y no al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o al presidente del PSE, Patxi López, a pesar de que el primero autorizó contactos con ETA y el segundo se reunió con la formación ilegalizada.

La marcha de ayer en Bilbao para protestar contra el proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra Ibarretxe ha conseguido lo que parecía imposible, poner de acuerdo al sector conservador y progresista del CGPJ. Tanto los vocales de la mayoría conservadora de la Comisión Permanente (el presidente del Consejo, Francisco José Hernando, el portavoz, Enrique López, y Carlos Ríos), como los de la minoría progresista (Luis Aguiar y Juan Carlos Campo) votaron a favor de una declaración institucional de ocho puntos.

En ella señalan que la marcha celebrada ayer "tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales, como así quedó expresado en su comunicado final". Además señala que la citación de Ibarretxe, que mañana acudirá a declarar ante el TSJPV, no es una agresión "ilegitima" contra el Ejecutivo vasco, sino que al contrario es la "más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley".

La declaración concluye diciendo que todo lo acordado "es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales para la democracia como son el de expresión y manifestación".

Muy distinta es la lectura de la situación que hacen los convocantes de la manifestación que recorrió las calles de la capital vizcaína. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, afirmó hoy que la marcha de ayer fue la expresión palpable del "estupor e incredulidad ante un hecho injusto e inadmisible" como es que el lehendakari sea imputado por "hablar y dialogar con Batasuna.

NO SE BUSCA IMPUNIDAD

En todo caso la portavoz del Gobierno de Vitoria quiso dejar claro que está llevando a cabo ante el encausamiento de Ibarretxe, el Ejecutivo "ni ha buscado ni busca espacio alguno de impunidad". "El lehendakari puede y debe ser juzgado como todas las personas ante la comisión de un delito, pero lo que no es admisible es que se le procese por hablar con Batasuna, cuando este mismo hecho no se ha considerado delito cuando lo han llevado a cabo otros responsables políticos o incluso cuando el Gobierno central ha hablado con ETA", denunció Azkarate.

Así señaló que con su decisión la justicia evidencia que está aplicando "un rasero absolutamente diferente" con el lehendakari que el que emplea con los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, que también se reunieron el pasado verano con la formación ilegalizada, e incluso con Zapatero, del que afirmó que "autorizó" los contactos con ETA. "La democracia y el Estado de Derecho y la Justicia no se ponen en valor imputando al lehendakari por hablar con Batasuna", sentenció.