Crónica Euskadi.- Gobierno Vasco denuncia ante el TC que el proceso contra Ibarretxe vulnera la división de poderes

- "La celebración de una reunión política no puede ser delito", proclama la vicelehendakari tras presentar el recurso de amparo

MADRID, 10 Nov. (OTR/PRESS) -

"El poder Judicial no puede evitar que el Ejecutivo gobierne", proclamó hoy la vicehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, tras presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno Vasco interpuso hoy contra la decisión del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir una causa penal contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por la reunión que mantuvo con representantes de Batasuna el pasado mes de abril. En rueda de prensa, la vicelehendakari aseguró que con su decisión el TSJPV atenta contra la división de poderes y contra la lógica democrática, además de perturbar la estabilidad de la sociedad vasca. "La celebración de una reunión política no puede ser delito", alegó.

En el recurso que presentó hoy en Madrid, el Gobierno vasco recuerda que, aunque la estructura democrática determine que el poder Ejecutivo debe ser objeto de un "estricto control" por parte del Judicial, lo que no se puede tolerar es que "el poder Judicial evite que el Ejecutivo gobierne", y más cuando "parte del poder judicial está desarrollando su trabajo en base a impulsos políticos". Algo que contraviene los principios básicos democráticos y "deslegitima" la labor de la Justicia, según apuntó en su comparecencia ante los medios la vicelehendakari.

"El encausamiento penal es causa de una actuación estrictamente política, que trata de enjuiciar el comportamiento político de un cargo público", afirmó Zenarruzabeitia, que señaló que este extremo lo sitúa en el marco de la vulneración de los derechos fundamentales. En este contexto invocó el artículo 23 de la Constitución Española, que proclama que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Un derecho fundamental que, según argumenta el recurso, vulnera la decisión del TSJPV, que "impide al lehendakari el ejercicio de sus funciones fundamentales". "¿Donde se ha visto que el tribunal encause al presidente de un país por ejercer las funciones propias de su cargo?", se preguntó Zenarruzabeitia, que volvió a denunciar la "politización de la justicia", un fenómeno que "no puede ofrecer otro balance que la deslegitimación del poder judicial" y que incide "sobre el conjunto de sistema político democrático del estado español".

LEY DE PARTIDOS

Un sistema democrático que desde hace tiempo viene viéndose afectado "una y otra vez por la mal llamada ley de partidos que es el origen de situaciones como la que nos ocupa". En este punto criticó el "exceso interpretativo" que hacen algunos jueces de la ilegalización de Batasuna "que se hizo al amparo de tal funesto instrumento jurídico".

Este sentido afirmó que "la celebración de una reunión política no puede ser delito", y aprovechó para recordar que el Tribunal Supremo ya señaló que reunirse, ya no con Batasuna, sino con ETA no es un delito, en referencia a la sentencia del Supremo que entendía que la reunión de Josep Lluís Carod-Rovira con representantes de ETA en Perpignan no era delito. Además apuntó que está "fuera de toda duda" que la reunión que Ibarretxe mantuvo el pasado 19 de abril con Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena buscaba desestabilizar el orden público, "sino todo lo contrario".

"Lo que le movía era construir el proceso de paz que hoy está en marcha e impulsar el diálogo", aseguró y anunció que el Gobierno vasco seguirá haciendo todo lo necesario en este sentido "El lehendakari ha hecho hace y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para alcanzar la pacificación y normalización política en Euskadi", aseguró Zenarruzabeitia que apuntó que Ibarretxe "está a la altura de las circunstancias y "del momento histórico" que vive Euskadi. Por todo ello el recurso demanda que el TC "anule el auto del TSJPV y que lo haga en el tiempo más breve para restaurar los derechos fundamentales del lehendakari".