- Antonio Camacho vuelve a defender su inocencia y asegura que la empresa estaba en venta cuando fue intervendia
MADRID, 18 Dic. (OTR/PRESS) -
El juicio por el escándalo financiero de la agencia de valores Gescartera quedó hoy visto para sentencia después de tres meses de vista oral en la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, y sin que haya quedado esclarecido dónde fue a parar el dinero perdido por los inversionistas. En la jornada de hoy, los acusados emplearon el turno de última palabra para volver a defender su inocencia ante el tribunal, que informó de que la sentencia por el 'caso Gescartera' se hará pública en la primera quincena del mes de marzo. El propietario de la agencia de valores y principal acusado en este juicio, Antonio Camacho, además de reiterar su inocencia, aseguró que la agencia de valores estaba en venta cuando fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero que los empleados no lo sabían.
En el juicio estuvieron personadas 40 acusaciones, el Ministerio Fiscal, Caja Madrid Bolsa y 'La Caixa' como responsables civiles subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó más de 50.000 folios y durante las sesiones declararon alrededor de 100 testigos.
La Fiscalía pide once años de cárcel para Camacho, la misma pena que pide para el número dos de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el principal comercial de la entidad, Aníbal Sardón. Les siguen la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Ángel Vicente González, para los que reclama ocho años de prisión. También están acusados la administradora de AGP Inmaculada Baltar, el asesor Agustín Fernández Ameneiro, el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, el testaferro Carlos Pascual Ortín y los empleados de 'La Caixa' José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats.
En su turno de última palabra, el propietario de Gescartera afirmó que la agencia de valores estaba en venta cuando fue intervenida el 14 de junio de 2001 y que los empleados "no lo sabían". De hecho, Camacho acusó a la CNMV de frustrar la venta de una empresa que "era viable" e iba a convertirse en una de las mayores agencias de valores del mercado español. El principal acusado explicó que existía un "compromiso" de venta a través de la sociedad Martin Investments domiciliada en Delaware (Estados Unidos), donde supuestamente se encontraba el dinero de los clientes cuando fue intervenida.
VENDER GESCARTERA POR UNA PESETA
Así, según Camacho, Gescartera iba a ser adquirida por un comprador "extranjero" por valor de "una peseta". Éste asumiría el pasivo de la empresa y así "se aclararía el problema", afirmó el propietario de la empresa, que explicó que los cheques librados por la sociedad Hari 2000 por valor de 27 millones de euros y depositados en 'La Caixa' eran para financiar la venta. El intermediario de la venta era el empresario iraní Massoud Zandi y la gestión de la operación la iba a asumir el Banco Zaragozano. "Por eso me reuní con Alberto Cortina en su casa", afirmó Camacho.
El propietario de Gescartera ratificó así el argumento de la venta expuesto ayer por la defensa de las empresas que formaban Gescartera Holding y que se escuchó por primera vez en la sala tras tres meses de vista oral. Fuentes cercanas a Cortina negaron ayer, la versión de Camacho. Por su parte, la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, afirmó que después de la celebración del juicio "está más convencida de su inocencia" y de que está presente en la causa por "ignorancia" y "falta de preparación". También Ruiz de la Serna ratificó su inocencia y la de "los empleados" y afirmó que "con los números en la mano", desde 1998 hasta 2001, los clientes recibieron alrededor de 13,8 millones de euros.
El principal comercial, Aníbal Sardón, además de ratificar su inocencia, destacó su función única de comercial. También el asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, desmintió la versión de Camacho a quien acusó de "engañarle", y afirmó que es "absolutamente mentira" que los cheques de Hari 2000 cubrieran los 27 millones de presunto desfase que existía a finales del año 2000. El último en hablar fue el supuesto testaferro Carlos Ortín Barrón, quien denunció haber sido "víctima" de una "suplantación de identidad" que le ha reportado numerosos problemas fiscales. Ortín calificó la versión de la Fiscalía de "historia ni creíble ni defendible". El resto de acusados no ejercieron su derecho a la última palabra.