Crónica Ley Menor-El Senado endurece la Ley del Menor para que delincuentes de más de 18 años se juzguen por lo penal

- Se endurecen las medidas para los delitos más graves y se mejora la protección de la víctima

MADRID, 18 Oct. (OTR/PRESS) -

El pleno del Senado aprobó esta tarde el dictamen del proyecto de reforma de la Ley del Menor que, entre otros aspectos, endurece el texto remitido por el Congreso para que los delincuentes de entre 18 y 21 años sean juzgados por la vía de lo penal y, por tanto, no se beneficien de las medidas contempladas en esta norma. Entre otras novedades, se endurecen las medidas, especialmente para los delitos más graves, se mejora la protección de la víctima y se potencia la capacidad de la jurisdicción para singularizar la respuesta e incorporar reformas técnicas.

El dictamen recibió el voto en contra del Grupo Popular y sendas propuestas de veto de de Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna (formaciones incluidas en el Grupo Mixto), que fueron rechazadas por la Cámara. Tras este trámite, las modificaciones introducidas deberán ser ratificadas por el Congreso de los Diputados en un próximo pleno, para la aprobación definitiva de esta reforma.

Tal y como apuntó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tras su paso por el Senado el proyecto recupera la posición inicial del Gobierno para que los delincuentes pasen a la jurisdicción penal a partir de la mayoría de edad y además evitar sobrecargar los juzgados especiales de menores jurisdicción especial de menores.

El ministro recordó que la reforma pretende tres objetivos de manera simultanea: reforzar los derechos ciudadanía, fortalecer el sistema judicial, y aumentar la seguridad "en un mundo incierto y cada vez más inseguro", por el incremento de la delincuencia juvenil. Además, trata de dar respuesta a fenómenos recientes como las bandas, la victimización secundaria o el acoso escolar.

A pesar de que la Ley del Menor es de reciente aprobación (2000), el Gobierno considera necesario revisarla y "ponerla en hora" para especializar la respuesta sancionadora del menor cuando infringe el ordenamiento penal, preservando al mismo tiempo su protección y garantías.

RESPUESTAS SINGULARES

De esta manera, se endurecen las medidas, especialmente para los delitos más graves, se mejora la protección de la víctima, y se potencia la capacidad de la jurisdicción para singularizar la respuesta e incorporar reformas técnicas.

Por otra parte, López Aguilar insistió en que la reforma pretende ofrecer más garantías al proceso, creando la figura del juez de ejecución de las medidas sobre un solo menor; mejorar la protección de la víctima; reconocer la presencia de la acusación particular en la instrucción y enjuiciamiento; y favorecer la integración territorial en el ámbito financiero. Según dijo, la reforma se realiza "de forma reflexiva, con tiempo sin ceder a ninguna demagogia y sin ninguna concesión al populismo punitivo".

El proyecto de Ley recibió dos propuestas de veto de Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna (formaciones incluidas en el Grupo Mixto) que fueron rechazadas por la Cámara. El portavoz del Grupo Mixto, Eduardo Cuenca Cañizares (IU) defendió su propuesta de veto advirtiendo de que la reforma del Gobierno viene "condicionada por la sensación mediática" de que aumenta la delincuencia juvenil. A su juicio, no se ha evaluado la efectividad de la norma aprobada en 2000 y entiende que si no ha dado sus resultados ha sido porque "salió sin memoria económica que la hiciera viable ni recursos para llevarla a cabo".

"Como no hay recursos se baja de 23 a 21 años la edad a la que pasan a disposición de centros penitenciarios", ironizó el senador advirtiendo de que la reforma se aleja del interés general del menor incrementando los aspectos punitivos y dando una respuesta "retributiva y vindicativa", frente a la reeducación del delincuente.

ALARMA SOCIAL

En la misma línea, el senador de Eusko Alkartasuna Urrutia Elorza (EA) aseguró que la reforma supone "el requiem" de la Ley, porque prevalece el carácter punitivo "para acallar la alarma social", además de contar con "problemas de financiación". Por otro lado este partido no admite la competencia excepcional de la Audiencia Nacional en materia de menores acusados de terrorismo y entiende que "un tribunal excepcional que no debería existir en un sistema democrático".

El PP está a favor de la reforma de la Ley pero no en los términos que plantea el Gobierno. El senador Carlos Gutiérrez advirtió de que el texto "no es bueno, está cojo y no cuenta con la participación de las comunidades autónomas". Por otra parte, defendió sus enmiendas a favor de mantener la acusación particular en todo el proceso penal, concretamente en la ejecución de la sentencia; aumentar las medidas cautelares; y aplicar las medidas de la Ley en la franja de edad de entre 12 a 14 años en casos especiales, delitos de especial gravedad y reincidencia. Además denunció la falta de financiación para llevar a cabo las medidas.

Los 'populares' también critican la "disparidad de términos" y "contradicción" del PSOE a la hora de plantear las medidas a los jóvenes de entre 18 y 21 años. Sobre este punto, fue respondido por la senadora socialista María Antonia Martínez, que censuró a los dirigentes del PP Ángel Acebes e Ignacio Astarloa por dar una rueda de prensa asegurando que esta modificación de la Ley es "una victoria del PP". Esta senadora retó al PP a votar a favor del proyecto si realmente piensa de esta manera.