Crónica Maletines.- Vera será juzgado por comprar el silencio de las esposas de Amedo y Domínguez sobre el 'caso GAL'

- Podría eludir prisión por haber sido juzgado ya por estos hechos en el 'caso Fondos Reservados' y por el secuestro de Segundo Marey

MADRID, 18 Dic. (OTR/PRESS) -

El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera se sentará en el banquillo de los acusados el año que viene por el 'caso Maletines', en el que se investiga el pago de importantes sumas de dinero, extraídas de los Fondos Reservados del Estado, para comprar el silencio de las esposas de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por el 'caso GAL'. Así lo confirmó hoy la Audiencia Provincial de Madrid, que advirtió que, aunque Vera fuera condenado a los 7 años de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción, el ex secretario podría no ingresar en prisión al haber sido ya juzgado por estos hechos, en el 'caso Fondos Reservados' y en el juicio por el secuestro de Segundo Marey.

Junto a Vera, se sentarán en el banquillo de los acusados el jefe de su Secretaría personal, Juan del Justo, y los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, el coronel Félix Hernando y Aníbal Machín. La defensa de estos dos últimos imputados presentó sendos recursos de apelación a la apertura de juicio oral. En esos recursos se cuestionaba la existencia de indicios suficientes que justificasen su imputación como cómplices de un delito continuado por malversación de caudales públicos del que son autores Vera y De Justo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 2 y 7 años de cárcel para los acusados por el 'caso Maletines', sobre los pagos con dinero procedente de los Fondos Reservados que se realizaron a las esposas de Amedo y Domínguez, tras ser condenados por el 'caso GAL'. Sin embargo, pese a la petición de 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta que se pide para Vera, el escrito de acusación advierte que en el caso de ser condenado, el principio 'non bis in idem' impide su ingreso en prisión. Esto es porque ya fue juzgado por estos hechos en el 'caso Fondos Reservados' y el secuestro de Segundo Marey.

De Justo se enfrenta a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, mientras que Machín y Hernando se enfrentan a 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación, como cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que son autores Vera y De Justo. Estos últimos deberán indemnizar al Estado, según la petición fiscal, con alrededor de 1,8 millones de euros y subsidiariamente en la parte que le corresponda a Machín y Hernando.

RELATO DE LOS HECHOS

En el relato de los hechos, el fiscal explica que Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

"Asimismo, el pago de estas cantidades tenía como objeto garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado", señala el fiscal. A pesar de que Vera sabía "que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos", le encargó a De Justo que hiciese pagos mensuales a las esposas de los ex policías, a lo que el jefe de la Secretaría accedió "con idéntico conocimiento de la improcedencia de los pagos".

Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.

PRUEBAS SUFICIENTES

Sobre el recurso de Hernando y Machín, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial entiende que sí existen indicios inculpatorios contra ellos, por lo que considera "razonable" la calificación jurídica que se les atribuye en los hechos. La Sala se basa en las declaraciones de las esposas de Amedo y Domínguez, María Ángeles Acedo Morales y Alicia Sánchez Carrión, y en la documentación aportada a lo largo del procedimiento. En este sentido, se rechaza la argumentación de que las declaraciones de las esposas carecían de respaldo exterior, puesto que existen documentos que avalan sus afirmaciones.

Así, la Sala se remite a las cuentas que cada una de ellas tenía abierta en Ginebra (Suiza) en las que se realizaron los ingresos, operaciones realizadas en esas cuentas los días en que se habrían realizado los viajes que se atribuyen a Hernando y Machín. Igualmente, la Sala sostiene en su auto que existe un amplio respaldo documental que acredita la implicación de los recurrentes en los hechos, como documentos de viaje y alojamiento relacionados con otras personas, que serían las esposas de Amedo y Domínguez.