- El empresario José Manuel Villarroya no pudo depositar la abultada fianza de 500.000 euros que le impuso Miguel Angel Torres
MALAGA, 17 Nov. (OTR/PRESS) -
El juez Miguel Angel Torres terminó hoy la toma de declaraciones a los doce imputados en esta última fase de la 'Operación Malaya' contra la corrupción urbanística en Marbella. Los acusados quedaron en libertad con cargos bajo una fianza que depositaron todos menos el empresario José Manuel Villarroya, que no pudo reunir los 500.000 euros que le impuso el magistrado y fue trasladado hoy a la prisión de Alhaurín de la Torre. Paralelamente, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, insistió hoy ante la juez Carmen Rodríguez Medel que durante los años 1997, 1998 y 2000 sus informes eran revisados por la Junta de Andalucía.
Llama la atención que la fianza más cuantiosa a los imputados en esta última etapa de la 'Operación Malaya' ha sido para el empresario que se presentó voluntariamente ante los juzgados, José Manuel Villarroya, al que se acusa de blanqueo de capitales y malversación. Al resto de los detenidos el magistrado les impuso cantidades que oscilan entre los 12.000 del director de la sucursal de Cajamar, Benjamín Martínez y los 150.000 euros del empresario cordobés José María Enríquez.
Hoy, además de tomar declaración a Villarroya, lo hizo al empresario italiano G.P.M., que tuvo que pagar 150.000 euros para no ir a prisión acusado de cohecho. Ayer declararon el empresario y antiguo presidente del Sevilla C.F. José María González de Caldas, que quedó en libertad con cargos bajo fianza de 50.000 euros, la misma que para el constructor Francisco Zambrana.
Además el funcionario judicial Francisco Ramírez quedó en libertad tras pagar 6.000 euros y al director general de Proincosta y vicepresidente de Promotur, Eusebio Sierra y al empresario taurino Miguel Angel Benjumea se les impuso una fianza de 30.000 euros a cada uno. El miércoles Mayte Zaldívar pagó 90.000 euros por su libertad y su hermano Jesús, 50.000. El mismo día declaró el empresario Manuel Lores, acusado de cohecho, que abonó 50.000 euros.
CARGOS ANTERIORES
De manera paralela, el ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, declaró ante la titular del juzgado número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, por su presunta vinculación en convenios urbanísticos de los años 1997, 1998 y 2000, de los que Roca asegura que la Junta tenía conocimiento.
Así lo explicó su abogado, José Aníbal Alvarez, que detalló que durante esos años lo único que hacía era dar informes que no eran vinculantes porque se remitían a la Junta de Andalucía, que podía decir si estaban bien o estaban mal. Subrayó además que cuando Gil era alcalde de Marbella, "lógicamente" era el que daba las órdenes y reiteró que "él no firmaba ningún convenio".