Crónica Medio Ambiente.- Luz verde a la ley que hará que quien contamine "reponga y limpie", ademas de pagar la multa

- El anteproyecto de ley de Responsabilidad Ambiental prevé una compensación inmediata por los daños

MADRID, 20 Oct. (OTR/PRESS) -

El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental fue sometido hoy a una primera lectura por el Consejo de Ministros, y ahora será sometido a informe del Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado antes de su remisión a las Cortes. Según destacó la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, la futura norma responde al principio de que "quien contamina paga, y además repone y limpia". De la Vega destacó además que las obligaciones económicas por responsabilidad medioambiental deberán ejecutarse de manera inmediata.

La futura ley pretende asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables, evitando que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos. En todo caso, se prevé la creación de un fondo estatal para la reparación de daños ambientales con el fin de cubrir la necesidad de reparar cuando por alguna razón no se haya podido aplicar esta norma y el daño se produzca en el dominio público de titularidad estatal.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta futura normativa traslada a nuestro país dos principios de la UE: "prevención y quien contamina paga" pero con la novedad de que ambas obligaciones medioambientales, tendrán que ejecutarse de manera inmediata. Otra particularidad --agregó-- es que "la reclamación material de daños no podrá sustituirse por compensaciones económicas, con lo que quien contamina paga, y además limpia y repone". De la Vega señaló el objetivo del Gobierno de que la ley sea muy firme y animó a las organizaciones scoiales a intesificar su labor de vigilancia sobre las actuaciones económicas que dañen el medio ambiente. Asimismo, se persigue reforzar el principio de prevención para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse, obligando a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.

La futura ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas, a casi 1 millón de explotaciones agrarias, las actividades de utilización y liberación de organismos genéticamente modificados y las balsas mineras. Los bienes protegidos son naturaleza medioambiental (agua, suelo, hábitats naturales protegidos y especies silvestres protegidas), quedando excluidos los daños tradicionales, es decir, los que afectan a los particulares y a sus bienes.

Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son aquellas que entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana. Entre las más destacadas están las instalaciones cubiertas por la normativa de prevención y control integrado de la contaminación (conocida como Ley IPPC); las relativas a la gestión de todo tipo de residuos; las más importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas); las relativas a la producción, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios; el traslado trasfronterizo de residuos peligrosos y el transporte de mercancías peligrosas. GARANTIAS FINANCIERAS

Para garantizar la eficacia de la Ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones legales, la normativa les exige que cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir. La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología actualmente en estudio, que se concretará en desarrollo reglamentario.

Según la evaluación del daño potencial, se establecen unos umbrales: por debajo de 300.000 euros, los operadores quedan exentos de esta exigencia; entre 300.000 y 2 millones, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Por encima de los 2 millones de euros, se exigirá siempre la garantía financiera, mientras queda exenta la utilización de productos biocidas y fitosanitarios con fines agropecuarios o forestales.

En su intervención en la rueda de prensa, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que la nueva ley responde a un "mandato constitucional" hasta ahora no satisfecho por la Administración de Justicia, y con la que el Gobierno cumple al compromiso electoral de luchar ocntra la "impunidad" en este terreno.

El texto, que ha sido objeto de consulta en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en los próximos días se remitirá al Consejo Económico y Social, y posteriormente al Consejo de Estado antes de su remisión a Cortes.