- Solbes asegura que las discrepancias se refieren a la interpretación del concepto "seguridad de abastecimiento"
MADRID, 30 Ene. (OTR/PRESS) -
El Ejecutivo Comunitario está dispuesto a seguir adelante en su batalla contra España respecto a las condiciones impuestas a la eléctrica alemana E.ON para adquirir Endesa. Si la semana pasada denunciaba ante el Tribunal de Justicia europeo el decreto de amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía y la facultó para imponer condiciones mañana abrirá un nuevo expediente por no haberlas retirado. Para el Gobierno español las discrepancias surgen por la interpretación del concepto de "seguridad de abastecimiento".
La Comisión Europea abrirá mañana un nuevo expediente contra España por no haber retirado las condiciones que impuso el pasado 3 de noviembre el ministerio de Industria a la eléctrica alemana E.ON para adquirir Endesa pese a que Bruselas las ha declarado ilegales por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y derecho de establecimiento.
El nuevo expediente se sumará al procedimiento de infracción que ya lanzó el Ejecutivo comunitario el 18 de octubre de 2006 contra el Gobierno por mantener buena parte de los requisitos impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar "ilegales" tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y que fueron aceptadas por el grupo alemán. Los dos expedientes se tratarán a partir de ahora de manera conjunta.
Las condiciones impuestas por el ministerio de Industria que Bruselas considera ilegales son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
El nuevo procedimiento de infracción se abrirá con una "carta de emplazamiento suplementaria" para acumular los dos expedientes. Si el Gobierno no atiende a las exigencias de Bruselas, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
DISCREPANCIAS DE CONCEPTO
El Gobierno español asegura que se trata de una discrepancia entre la Comisión y España sobre "cómo debe interpretarse el concepto de seguridad de abastecimiento" y que el Gobierno quiere "que decida el Tribunal de Justicia". España cree que las condiciones que ha impuesto a E.ON sirven para garantizar la seguridad de abastecimiento mientras que "la tesis de la Comisión es que prácticamente ninguna de estas medidas sirve o es útil" para este objetivo, dijo el vicepresidente primero del Gobierno, Pedro Solbes.
Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento."No hay ningún problema, hay discrepancia de puntos de vista y yo creo que debe sustanciarse", añadió Solbes.
La semana pasada el ministro de Economía aseguraba en un desayuno informativo que según lo establecido en la legislación europea sobre la materia, cuenta con un margen de maniobra. Solbes defendió la postura del Ejecutivo español y aseguraba que es "positivo" que este asunto caiga en manos del Tribunal de Justicia de la UE para que "delimite estos parámetros de cara al futuro".
Solbes explicaba que la Comisión Europea tiene competencia exclusiva en los procesos de fusión europea, pero también puntualizó que la propia legislación comunitaria establece unos límites relacionados con la garantía de seguridad de abastecimiento y la protección de determinados intereses. Según el ministro, las decisiones del Gobierno sobre la OPA de E.ON se sustentan en esta última idea.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la semana pasada a España ante el Tribunal de Justicia en un procedimiento paralelo por el decreto que amplió las competencias de la CNE y la facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON al considerar que obstaculiza indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
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