- Un agente se ganó la confianza del procesado haciéndose pasar por homosexual y le pidió material pornográfico infantil
PONTEVEDRA, 24 Oct. (OTR/PRESS) -
Esta mañana comenzaba en Pontevedra el juicio contra Pablo R.S, un uruguayo de 64 años, al que se le acusa de distribuir por Internet fotos y videos de menores con fuerte contenido pornográfico. El acusado fue detenido en enero por agentes de la Guardia Civil, poco después de aterrizar en el aeropuerto de Vigo procedente de Washington, donde tiene domicilio. El imputado había viajado a Galicia para encontrarse con un guardia civil, que para investigarlo se hizo pasar en contacto entablado a través de Internet por homosexual y entabló amistad con el pedófilo. El acusado alegó hoy en la vista que por amor le envió al agente material pornográfico infantil que le era requerido.
Así, el acusado aseguró durante el juicio que a él personalmente le gusta el porno con adultos, pero que se enamoró "como un tonto" de "Juan" (Seudónimo que usaba el agente), lo que le llevó a "complacerle" mandándole las fotos y archivos que él le pedía para "mantenerlo a su lado". "Yo le enviaba pornografías con menores porque era lo que él decía que le gustaba, que le daba mucho morbo ver esa actitud entre niños que aún no tuvieran pelitos", dijo. Por su parte, el guardia civil aseguró que nunca hizo tales peticiones y que el acusado le mandaba las fotos y los videos por "propia iniciativa".
La fiscalía de la Audiencia pontevedresa manifestó que no tiene dudas respecto a la culpabilidad del acusado, ya que en el momento de su detención se incautó del equipaje y el vehículo del imputado numeroso material pornográfico de niños y de bebés (aunque, según el fiscal, éstas últimas sin connotaciones sexuales). Además también se halló abundantes pruebas en su residencia de Washington. Debido a la dureza de algunas de estas fotografías y videos, el visionado de las pruebas en el juicio se harán a puerta cerrada.
900 AÑOS DE PRISIÓN
En cuanto a las penas, el fiscal, Luis Uriarte, sostiene que Pablo R.S debe ser condenado por 115 delitos de pornografía infantil, tantos como menores afectados, lo que supondría unos 900 años de prisión. Sin embargo, Uriarte planteó otra acusación alternativa, ya que el fiscal-jefe, Cesar del Pozo, considera que debe ser acusado de dos delitos continuados de distribución y tenencia de pornografía infantil, lo que en caso de sentencia condenatoria se traduciría en 16 años de prisión.
Debido a este desacuerdo, la Fiscalía pontevedresa elevó una consulta a la Fiscalía General del Estado pero no hubo respuesta, de ahí esa doble calificación sobre la que ahora deberá pronunciarse el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El juicio quedó visto para sentencia.