- El Gobierno español afirma que no hubiera servido de nada romper relaciones tal y como reclamaba el PP
MADRID, 30 Oct. (OTR/PRESS) -
El presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, ha mostrado su satisfacción por la seguridad jurídica que otorga a su compañía el nuevo contrato sobre hidrocarburos firmado este domingo con el Gobierno boliviano. La petrolera asegura que los nuevos contratos de explotación y exploración de yacimientos petrolíferos garantizan la rentabilidad de las inversiones presentes y futuras en el país andino. También ha mostrado su satisfacción con el acuerdo el Gobierno español que critica la petición que realizó el pasado mes de mayo el Partido Popular que sugería romper relaciones diplomáticas tras el decreto de nacionalización realizado por el presidente boliviano, Evo Morales.
La petrolera hispanoargentina Repsol YPF firmó en la madrugada del domingo un acuerdo con el Gobierno boliviano por el que continuará operando en el país andino, aunque bajo las nuevas condiciones derivadas de la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno.
El nuevo contrato, que han suscrito otras nueve petroleras (Petrobras Bolivia, Petrobras Energía, Andina, British Gas, Chaco, Matpetrol, Pluspetrol, Total y Vintage) supone aceptar que el Estado se quede con el 82% de las ventas de los productos petrolíferos, frente al 50% establecido hasta ahora; así como devolver la propiedad del gas a la compañía estatal YPFB y convertirse en prestadoras de servicios. Además, YPFB participará en toda la cadena hidrocarburífera.
La firma del acuerdo (que se produjo a pocos minutos de que acabara el plazo para hacerlo) puso fin a la incertidumbre sobre el futuro de la compañía en Bolivia, después de que el pasado mayo el presidente Evo Morales anunciara la nacionalización de sus hidrocarburos y diera seis meses a las empresas que operan en el país para renegociar sus contratos.
MARCO DE SEGURIDAD JURIDICA
Tras rubricar el nuevo contrato, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau mostró su satisfacción por un acuerdo que supone ofrecer "un marco de seguridad jurídica para sus inversiones" tanto presentes como futuras. Brufau explicó, durante una entrevista en Catalunya Ràdio, que el contrato "tendrá muy poco impacto" respecto a los planes que tenía Repsol antes del anuncio de Bolivia de su voluntad de nacionalizar los hidrocarburos.
En todo caso, apuntó a que "será un impacto positivo, en el sentido de que clarifica una situación de inestabilidad del pasado y por lo tanto nos permite o nos debe permitir realizar inversiones con la seguridad jurídica necesaria y por tanto poner en valor los activos que ahora tenemos".
El presidente boliviano, Evo Morales ratificó, en su discurso durante el acto de rúbrica de los convenios, el compromiso de su Administración con la seguridad jurídica. "Vamos a respetar estos contratos, que significa respetar la seguridad jurídica como tanto han reclamado", dijo a las empresas, a las que pidió que "no duden" de ello.
DECISION ACERTADA
La satisfacción por el acuerdo también se ha producido en el Gobierno español que asegura que esta firma supone la demostración de que se defendieron adecuadamente los intereses españoles en el país sudamericano, respetando su soberanía. En este contexto, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, criticó la petición realizada por el Partido Popular el pasado mes de mayo que solicitaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con el país andino.
"¿De que nos hubiera servido hoy una mayor protesta formal o un puñetazo encima de la mesa?. Teníamos que respetar las decisiones que entraran en el ámbito de la soberanía e cada país", aseguró Jiménez en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía.
En su opinión, el Gobierno ha defendido "de forma adecuada" los intereses españoles en este país sudamericano y se ha concluido satisfactoriamente la negociación. "Debemos actuar con un máximo respeto a las decisiones de los Gobiernos. No nos toca enjuiciar a los Gobiernos ni decir si nos gustan más o menos políticamente", dejó claro.
Jiménez explicó que el Gobierno español, por respeto, no debe pronunciarse sobre los Gobiernos o las decisiones políticas que se adoptan en América Latina. "No estamos para hacer juicios políticos sobre uno u otro Gobierno. Si el Gobierno boliviano toma una decisión en el ejercicio de su soberanía, como es la nacionalización de los hidrocarburos y es legítima, podríamos pensar que nos gusta más o menos, pero es una decisión legítima", insistió.