- El Gobierno canario esperará para nombrar una gestora y el PP suspenderá de forma cautelar a los concejales imputados
LAS PALMAS, 8 Nov. (OTR/PRESS) -
El juez ha decidido poner en libertad con cargos al alcalde de la localidad canaria de Telde, Francisco Valido, y a tres concejales más detenidos ayer en el marco de la operación Faycan acusados de un delito de supuesto cohecho. Además, cada uno de ellos deberá depositar una fianza de 80.000 euros. Ante la situación creada en el consistorio, el Gobierno canario ha decidido esperar a los informes jurídicos para nombrar una gestora en el Ayuntamiento de la localidad, mientras que el PP anunció que suspenderá de forma cautelar a los concejales imputados.
El juez ha decidido poner en libertad con cargos y fianza de 80.000 euros al alcalde de Telde, Francisco Valido, y a los concejales José Suárez Martel, Sonsoles Martín y María Eugenia Fernández Torres, todos ellos detenidos ayer acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas. Los cuatro tendrán que presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
Queda pendiente ahora la declaración del resto de concejales detenidos en la operación: Carmen Castellano Rodríguez, Carmelo Julián Oliva y Domingo Ramírez Galindo, que lo harán mañana.
Pese a esta puesta en libertad, todos los imputados han sido suspendidos por el Partido Popular, según anunció la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor. La portavoz del PP resaltó en una rueda de prensa en la sede del partido que siempre han defendido que hay que ser "transparente y honesto", algo que "ha sido y va a seguir siendo una seña de identidad del partido".
De hecho, el comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por Federico Trillo, se reunió esta mañana en Génova para ratificar la suspensión cautelar de militancia del alcalde de Telde.
INFORMES JURIDICOS
Mientras, desde el Gobierno canario anunciaron que esperarán a tener dictamen de los informes jurídicos para nombrar una gestora en el Ayuntamiento, tal y como se solicitó desde diferentes ámbitos ayer. Según señaló Ruano, hay que valorar si se han producido graves daños a los intereses generales de la comunidad autónoma para tomar con firmeza una decisión.
En el supuesto caso de que los servicios jurídicos dictaminen la existencia de irregularidades, "se le planteará al Consejo de Ministros la decisión de disolver la corporación municipal y poner una gestora en su lugar".