Crónica Trashorras.- La defensa de Trashorras advierte que "no permitirá" que se relacione el 'caso Pipol' con el 11-M

- La abogada de Toro asegura que las declaraciones del ex minero y Zohuier que inculpan a su cliente "no resultan creíbles".

GIJON/MADRID, 23 Oct. (OTR/PRESS) -

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias inició hoy la primera sesión del macrojuicio por el 'caso Pipol' en el que están imputados 20 detenidos, de los cuales dos -José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro- están relacionados con la trama de explosivos del 11-M. La defensa del ex minero asturiano, que negó los hechos que se le imputan -tráfico de drogas y de explosivos- advirtió al juez que "no permitirá que se mezclen los sucesos que se empezaron a juzgar hoy con los atentados de Madrid". Por su parte, la abogada de Toro aseguró que las declaraciones de su cuñado y del testigo Rafa Zohuier que inculpan a su cliente "no resultan creíbles" y que fueron hechas "con afán exculpatorio".

La 'operación Pipol' se cerró en julio de 2001, cuando se incautaron más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como 16 cartuchos de Goma 2 ECO, como la utilizada en los atentados del 11-M y 94 detonadores industriales. En el escrito de acusación de la Fiscalía se solicita para Trashorras y Toro hasta 17 años de prisión por los delitos de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y artefactos explosivos, así como por dos delitos contra la salud pública. Para el resto de acusados solicita entre 5 y 13 años.

En la primera sesión del juicio, el tribunal se negó a admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal antidroga, José Perals, que relacionan a Trashorras con el tráfico de explosivos. Fue ante esta petición de la Fiscalía que el abogado del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, advirtió al juez, Bernardo Donapetry, que "no permitirá que se mezclen los sucesos que se empezaron a juzgar hoy con los atentados" del 11-M en Madrid. La defensa de los otros 20 imputados también se opuso a que las pruebas aportadas se incorporasen al caso, por lo que quedaron invalidadas.

Cuatro de los ocho acusados en el 'caso Pipol' que comparecieron ante el tribunal defendieron su inocencia y se desvincularon del tráfico de droga. El fiscal sostiene que algunos de los acusados se citaban por medio del teléfono a través del cual utilizaban un "lenguaje encriptado" para referirse a las cantidades y precios de la droga y así evitar un 'pinchazo' telefónico. Los otros cuatro acusados se acogieron a su derecho de no hacerlo, uno de ellos por estar medicado y otro se remitió a la declaración prestada ante el juez de Instrucción.

DECLARACIONES NO CREIBLES

Por su parte, el letrado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, negó todos los hechos que se le imputan a su cliente y resaltó que la única relación que tuvo su defendido con la droga fue fruto de una colaboración con la Policía de Avilés, a efectos de facilitar información a los agentes. Su cuñado Toro Castro también negó estar relacionado con el tráfico de cocaína y que trabajara bajo las órdenes de otro de los acusados, M.B.M., el supuesto proveedor gallego de la droga según el informe fiscal.

La abogada asegura en su calificación que su cliente no tenía conocimiento de la dinamita que se halló en su plaza de garaje, ya que la compartía con su cuñado Suárez Trashorras y con otro de los imputados. También señala que las declaraciones de su cuñado y del testigo Rafa Zohuier "no resultan creíbles" y que fueron hechas "con afán exculpatorio". Tampoco reconocen los hechos los supuestos cabecillas de la trama, el agente de la Policía Local asturiano, L.C.G., que supuestamente dirigía la banda de traficantes que distribuía la droga en Asturias, y el que se presupone su proveedor en Galicia, M.B.M.

FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

El juicio de la 'Operación Pipol' comenzó a las 10,30 de la mañana entre fuertes medidas de seguridad y un gran despliegue de medios de comunicación por la implicación de los asturianos Toro y Trashorras en la trama de los explosivos del 11-M. Trashorras fue el único acusado que no se cubrió la cara cuando las cámaras de televisión y de los fotógrafos tomaron imágenes al comienzo del juicio. El resto de los acusados se taparon el rostro con sus abrigos, con la mano o con periódicos. Trashorras y su cuñado Toro permanecieron durante toda la sesión con el rostro tranquilo y hasta en algunos momentos esbozaron alguna sonrisa.

Una hora antes del comienzo del juicio los juzgados de la Sección Octava de Gijón se encontraban rodeados de varias furgonetas de la Policía Nacional. En la sala del juicio, de audiencia pública, apenas había familiares de los acusados, tan sólo los padres de José Emilio Suárez Trashorras que ocupaban las primeras sillas. En total estaban 25 medios acreditados y 57 periodistas, aunque oficialmente tan sólo nueve pudieron seguir el juicio dentro de la sala debido a las limitaciones de espacio. Durante la vista oral se vivieron algunos momentos de tensión.

Los padres de Trashorras, que a finales de la semana pasada fue trasladado al penal de Villabona (Asturias) para declarar en el juicio, aprovecharon un pequeño receso de la vista para abrazar a su hijo que se encontraba escoltado por 7 policías nacionales. Trashorras, aunque esposado, se puso en pie para responder a las muestras de afecto de su madre. Tras el descanso el abogado del avilesino al que la fiscalía pide 17 años de cárcel pidió al juez que se permitiese desposar a su cliente mientras estuviese en la sala. La petición fue denegada por parte de un policía nacional que alegó que Trashorras debía permanecer esposado "por motivos de seguridad".