- El juez deja en libertad al presidente de la constructora sospechosa de haber pagado 40 millones al ex regidor
MADRID, 3 Nov. (OTR/PRESS) -
El ex alcalde de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro reconoció hoy que había falsificado la firma de la promotora Esprode para justificar el ingreso de 100.000 euros en una cuenta en Andorra. El ex edil, que compareció hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro, negó sin embargo que hubiera negociado 40 millones de comisión a cambio de una recalificación. El presidente de la constructora sospechosa de haber pagado dicha cantidad, Francisco Javier Castillo, fue puesto en libertad sin fianza.
Además de Joaquín Tejeiro, declaró hoy ante el juez el otro ex edil socialista, Pedro Antonio Torrejón, que ingresó en una cuenta de Andorra 916.000 euros. El abogado del ex alcalde explicó que su cliente tiene un patrimonio grande pero que consiguió antes de acceder a la alcaldía a través de varios negocios y 14 ó 15 pisos.
Tejeiro por su parte reconoció haber falsificado la firma de Esprode para justificar el ingreso de 100.000 euros en Andorra, aunque negó haber negociado con la promotora una comisión de 40 millones para recalificar unos terrenos. El juez ha solicitado una orden de registro de los domicilios de los ex alcaldes de Ciempozuelos.
Por otro lado, el magistrado ha dejado en libertad sin fianza al presidente de la constructora Esprode, Francisco Javier Castillo, rechazando la petición del fiscal que solicitó una fianza de 60.000 euros. El abogado de Esprode, Alfonso Trallero, señaló que la constructora presentó un informe pericial que dice que las firmas del supuesto contrato entre Esprode y los ex alcaldes son falsos. "Seguro que el juez lo habrá valorado para tomar esta decisión", destacó el abogado.
SIN IRREGULARIDADES
Durante el desarrollo del juicio, el presidente y el consejero delegado la empresa ratificaron "la inexistencia de cualquier irregularidad" en las actuaciones de la compañía en Ciempozuelos. Además subrayaron que "no le consta en absoluto" las irregularidades en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que "ni sus directivos o accionistas han satisfecho jamás cantidad alguna a alcaldes, ex alcaldes o funcionarios, ni en el municipio de Ciempozuelos ni en ningún otro".
Antes de que comenzara el juicio, el secretario general del Sindicato Manos Limpias, Miguel Bernat, adelantó que "pedirá para los cinco imputados prisión incondicional al existir riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas". Esta entidad acusa a los dos ex alcaldes "de posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y de negociación prohibida a funcionarios".
Según Bernat, "a cada imputado se le pueden sumar más de doce años y, si unimos un delito de blanqueo de capitales, el total podría llegar a los dieciocho". Para el secretario general de Manos Limpias, "la clave es un dinero que los dos presuntos implicados colocaron en un paraíso fiscal en Andorra, pero creemos que puede haber más desviaciones en otros". Bernat afirmó que considera probado que parte de la comisión, algo más de un millón de euros, fue cobrado, "pero tratamos de averiguar dónde está el resto de la comisión", un total de 40 millones.