Actualizado 24/11/2006 18:46

Crónica Vertido.- Boliden fracasa en su intento de culpar a las constructoras de la rotura de la balsa de Aznalcóllar

- La justicia niega responsabilidad contractual de Geocisa, Intecsa y Dragados y atribuye a la minera sueca el proyecto inicial

MADRID, 24 Nov. (OTR/PRESS) -

La titular de primera instancia número 9 de Madrid, Mercedes de Mesa, ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa minera Boliden Apirsa, contra las empresas constructoras de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que sufrió una rotura en 1998, con un vertido de residuos que provocó una catástrofe ecológica que a punto estuvo de afectar a Doñana. Así la sentencia niega la responsabilidad contractual de Geocisa, Intecsa y Dragados (ahora ACS) y atribuye a la minera el proyecto inicial de la construcción.

La propietaria de la mina, además de a las constructoras, demandó al Banco Vitalicio por considerarlos culpables del siniestro y para que hicieran frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza. La mina reclama también 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones para hacer frente a la indemnización que la junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), habían solicitado a la multinacional sueca.

Pero ahora, la sentencia absuelve las demandas, así como a la aseguradora Zurich, que también participó en el litigio, por considerar que ninguna de las empresas constructoras incurrió en un incumplimiento del contrato firmado con Boliden Apirsa. Además, impone a esta última el pago de las costas del procedimiento judicial.

REPASO AL CASO

La jueza explicó en la sentencia que para determinar la responsabilidad en la rotura, es necesario analizar las causas que provocaron el siniestro, para lo que hay que hacer un repaso tanto de las declaraciones de los numerosos testigos como de la de los peritos jurídicos que expusieron durante el juicio sus valoraciones y que éstos culparon de la rotura al desplazamiento del dique de contención, provocado por la existencia de de altas presiones intersticiales y la fragilidad de las arcillas.

Sin embargo, señala que los peritos penales reconocieron que la fragilidad del subsuelo "no era de general conocimiento", que cuestiones como las presiones intersticiales estaban "alejadas de las prácticas habituales", que "no eran habitualmente considerados los cálculos de estabilidad" y que el proyecto se abordó "con los criterios propios de una práctica geotécnica convencional".

AUTORÍA DEL PROYECTO

Otro de los puntos conflictivos durante el juicio fue el de la autoría del proyecto, ya que aunque éste aparece firmado por el director facultativo de la mina, Juan Contreras. Sobre este hecho, Boliden sostiene que el responsable último era Intecsa. La sentencia desestima también estos términos por considerar que "parece ilógico" que la empresa minera dejase su representación y el control económico del proyecto en manos de Contreras "si no tenía capacidad intelectual para ello".

La rotura de la balsa en 1998 provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron varias consejerías de la Junta de Andalucía, se desarrollaron a lo largo de los 62 kilómetros de longitud que separan la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana. Cuando, el año pasado, se celebró la audiencia previa al juicio, Boliden aseguró que en caso de perder el pleito no podría indemnizar a la Junta ni a la CHG por los gastos de limpieza del vertido.

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