- La ONG critica el código PEGI por ser la clasificación de edad "confusa" y la información de los iconos "insuficiente".
MADRID, 4 Ene. (OTR/PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) "mantiene su preocupación por la desprotección de la infancia frente a los videojuegos con contenidos no recomendados para su edad". Por ello, solicitó hoy "una legislación de ámbito estatal" para regular el mercado de los videojuegos, ya que actualmente asistimos a una "dejación de la responsabilidad por parte del Estado". Asimismo, consideró que la clasificación por edades del código PEGI es "confusa" y la información de sus iconos "no es suficiente".
"Cada vez son más los menores que consumen videojuegos. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) registra que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78% consume videojuegos", recordó hoy en un comunicado Amnistía Internacional recogido por OTR/Press.
La ONG aseguró en su misiva que en "el último año se ha generalizado en España la aplicación del Código PEGI -un sistema europeo de clasificación por edad en el que se basa el código de autorregulación-". En este sentido advirtió de que la clasificación por edades que realizan "las empresas fabricantes a menudo es poco rigurosa y confusa", y que "la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto".
Este código PEGI promovido por la Comisión Europea muestra la edad recomendada con un número de considerables dimensiones acompañado de varios iconos descriptores del contenido referentes a violencia, sexo/desnudez, miedo, drogas, lenguaje soez o discriminación. En todo caso, un sistema bastante más descriptivo y fácil de identificar que en cualquier película.
DEJACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL ESTADO.
La ONG consideró que "basar la protección de los menores frente a contenidos que banalizan las violaciones de derechos humanos exclusivamente en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento es una dejación de responsabilidad por parte del Estado". "Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños y niñas", aseguró en el comunicado Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.
Por otro lado y según explicó la nota, AI comprobó estas navidades que "una niña de 8 años de edad compró sin ningún tipo de trabas el videojuego 'True Crime 2: New York', destinado a mayores de 18 años".
En este sentido, explicó que "los puntos de venta de videojuegos no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a contenidos no adecuados a su edad". Por ello, solicita "una legislación de ámbito estatal que garantice la protección de la infancia y la adolescencia en todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos". Esta normativa, continúa AI, debe proporcionar "un marco adecuado en base al cual las Comunidades Autónomas desarrollen medidas legislativas" al respecto.