Curri Valenzuela.- Y van dos

MADRID 23 Mar. (OTR/PRESS) -

La imagen de un fiscal de la Audiencia Nacional haciendo preguntas a Arnaldo Otegi como si fuera su abogado defensor para luego anunciar que ha quedado diluido el delito de enaltecimiento del terrorismo por el que estaba procesado porque el dirigente de Batasuna dice que no lo cometió es impropia de un país civilizado que se rige por las normas del Estado de Derecho. En Francia, en Alemania, en cualquier otra nación de nuestro entorno algo parecido a este episodio pondría a los ciudadanos en pié de guerra sus responsables. Aquí estamos tan curados de espanto que los telediarios dan la noticia seguida por cualquier otra intrascendente. Después de los de De Juana Chaos, nos hemos acostumbrado a que el Gobierno se salte la Ley. Ya no hay más escándalos que valgan.

Para los juristas, sin embargo, el caso del dirigente de Batasuna enviado a su casa porque repentinamente se ha diluido su acusación es más grave que el del etarra remitido a un hospital vasco en prisión atenuada como respuesta a su chantaje al Estado. Argumentar que ya no se persigue al delincuente porque éste reniega del delito del que está acusado sería para echar al fiscal por no haberse leído ni por el forro el Código Penal, aparte de carecer de sentido común. ¿Alguien se imagina que se dejara en libertad a los procesados por el 11-M solo porque al declarar frente al tribunal afirmaran que ellos no colocaron bomba alguna en ningún tren?.

La única explicación posible de lo ocurrido con Otegi es la misma que sirvió para De Juana Chaos. Se trata de decisiones políticas adoptadas por el Gobierno por motivos que Zapatero sabrá y a los demás no nos queda más remedio que suponer, porque Zapatero no nos las explica. Así que todo ello da pié a una serie de especulaciones sobre las distintas tesis que se manejan en los mentideros políticos: una, que se trata de cesiones a los terroristas para conseguir que ETA haga público un comunicado que reitere el alto el fuego y de un respiro al presidente de cara a las elecciones municipales: dos, que Zapatero no quiere que Batasuna se llene de argumentos para no condenar la violencia, requisito indespensable para su concurrencia a esa cita electoral: tres, que existe un pacto escrito entre la banda y los enviados del Gobierno por el que el primero se comprometió a no procesar a los batasunos....Y así indefinidamente.

Aunque la posibilidad de que una de estas hipótesis ya sería grave para el funcionamiento de un estado de derecho, lo más grave de todo este asunto es su apariencia. El solo hecho de que siguiendo órdenes de sus superiores el fiscal se salte la Ley es como para salir corriendo de este país y no volver hasta que gobiernen otros. Cualquiera. Pero unos que gobiernen con respeto a las normas de un país democrático.

Curri Valenzuela.