Francisco Muro.- La dignidad de los jueces

MADRID 22 May. (OTR/PRESS) -

No sé si tiene o no razón el juez Pedraz para decir que la nueva norma sobre la Justicia Universal aprobada por el procedimiento de urgencia por el Parlamento español es inconstitucional y tampoco acerca de si es legal o no que continúe con las investigaciones sobre torturas y genocidio en Guatemala a manos del Ejército con el resultado de 200.000 víctimas de las comunidades mayas, muertos o desaparecidos. Sí tenemos datos fehacientes de que esa decisión ha sacado ya de la cárcel a decenas de narcotraficantes y va permitir que otros muchos campen a sus anchas por el mundo haciendo lo que saben: delinquir.

El caso de Guatemala es muy grave. Hace poco más de un año hubo un juicio, "el juicio del siglo", en el que la Justicia declaró probado que hubo genocidio -violaciones, torturas y asesinato de muchos ciudadanos de la etnia ixil maya, sin razón alguna- y el dictador Ríos Montt fue condenado a ochenta años. La Corte Constitucional anuló ese juicio, hoy hace un año, y decretó que se celebrara de nuevo. Puede parecer una derrota de los fiscales, de los jueces y de las víctimas que se arriesgaron a testificar, pero sentar a los culpables en el banquillo, fue una victoria de la Justicia y de la Democracia.

Un nuevo juicio, aunque sea con todo bajo control y tras relevar a los jueces y fiscales "incómodos" siempre es un riesgo. Por eso, el Parlamento de Guatemala ha aprobado una resolución decretando que "no hubo genocidio" y que la denuncia es sólo imaginaciones de "un pequeño grupo de la izquierda trasnochada". Si "no hubo genocidio" -por decreto-, no se puede juzgar a nadie por lo que no ocurrió. El asunto está "resuelto" y abre paso a posibles acciones de enorme gravedad sobre los jueces y fiscales de Guatemala y sobre las víctimas.

En Guatemala han acabado así con la separación de poderes y con la independencia judicial, la única esperanza de las víctimas, y han abierto la puerta a la impunidad. Lo que no saben, o tal vez sí y sólo están huyendo hacia ninguna parte, es que sin justicia, sin una reparación a todas las víctimas, no habrá paz ni reconciliación. El mundo sabe que en Guatemala sí hubo genocidio y que los culpables están libres y son defendidos y protegidos por quienes se convierten en cómplices necesarios de su impunidad.

Hay que seguir alzando la voz para que no se sepulte la Justicia, para que los fiscales y los jueces del caso no sean amenazados, perseguidos ni vean violados sus derechos por quienes deberían protegerlos y respetarlos. Para que las violaciones de los derechos humanos tengan el castigo que merecen. La ONU, España, Estados Unidos -que han premiado a los jueces dignos de Guatemala- deberían manifestar su protesta. Y todos nosotros -también el juez Pedraz- debemos estar vigilantes para que no les toquen ni un pelo de la ropa a quienes han apostado por la Justicia, incluso a riesgo de su libertad, de su profesión y de su vida. Y porque las víctimas recobren su dignidad.