Francisco Muro de Iscar.- Presunción de inocencia

MADRID 25 Abr. (OTR/PRESS) -

En las dictaduras, un ciudadano es culpable de cualquier cosa mientras no demuestre su inocencia. El artículo 24 de nuestra Constitución consagra el derecho "a la presunción de inocencia". Eso es la teoría. En la práctica, éste es uno de los derechos más pisoteados cada día en los periódicos, en las radios o en las televisiones, en los mítines políticos y hasta en el Parlamento. Y no pasa nada. A veces, los juicios paralelos son casi imposibles de parar y la opinión, pública o publicada, dicta sentencia mucho antes de que el juez haya tomado una decisión. ¿Puede un juez tomar una decisión libre e independiente, justa, bajo esa presión? ¿Cuáles son los límites de la información cuando hablamos de presuntos delitos? No es fácil, pero quienes juzgan y condenan sin ser jueces -especialmente los periodistas y los políticos de partido- deberían reflexionar porque, en ocasiones el daño causado es irreversible.

Estos días tenemos sobre la mesa varios asuntos juzgados y otros que pueden serlo, en los que la sentencia política no coincide con la de los jueces. La Audiencia Nacional ha absuelto a todos los implicados en el llamado "fraude del lino", que salpicó hasta a la entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, obligó a dimisiones de algún alto cargo y fue utilizado como arma política y electoral. ¿Y ahora, qué? ¿Quién resarce del daño a los que fueron exhibidos como delincuentes en los medios de comunicación? El otro caso más reciente es el del supuesto fraude del voto por correo en Melilla. Después de que hasta en el Congreso el presidente del Gobierno sacara el tema -no digo ya Pepiño Blanco y su factoría de escándalos- ahora, el juez de Melilla archiva y sobresee el caso y asegura que no hubo dolo, es decir intención de fraude. ¿Cómo se repara el mal causado, la sospecha? ¿Creen ustedes que no se utilizará la sombra de la duda en las próximas campañas electorales en Melilla y en el resto de España? Lo mismo podemos decir de la supuesta participación de ETA el 11-M. Si ustedes piensan eso o creen que los que ponen el ventilador en el estercolero van a pedir disculpas, son unos ingenuos.

El último caso es el del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, acusado de varias irregularidades y de haber sido obsequiado con una cena por otra persona, en la que se pagaron 1.400 euros -imagínense la cantidad de cafés que a 0,80 euros, se hubiera tomado el presidente Zapatero- y que, días después fue seguida, aparentemente, de un empleo para un hermano de Arenillas y algunos otros favores. También el vicepresidente de la CNMV tiene derecho a la presunción de inocencia. Hay que escucharle. Los periodistas no podemos ponernos mordazas, pero son los jueces los que tienen que decir si algo es delito o no. Cuando la justicia se usa como un instrumento político partidista, o no sirve para nada o cuando dicta sentencia, el daño es ya irreparable. Y todo eso contribuye a destruir el tejido democrático.

francisco.muro@planalfa.es