Isaías Lafuente.- El largo viaje

MADRID 11 Nov. (OTR/PRESS) -

Casi cinco años después del accidente del Yak-42 en Turquía, en el que perdieron la vida 62 soldados españoles, el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos acusa al general Vicente Navarro y a dos oficiales que le ayudaron en la identificación de los cadáveres de un delito de falsedad de documento público. Según el escrito de acusación, sólo 32 cuerpos fueron identificados en Turquía por signos externos, mientras que a los otros 30 se les asignó una identidad aleatoria que resultó ser en todos los casos falsa.

La identificación errónea, a estas alturas, ya está demostrada. Hace ahora tres años, la juez Palacios ordenó exhumar los 21 cadáveres que no habían sido incinerados, que tuvieron que ser enterrados después por segunda vez bajo su verdadero nombre. Ahora sólo falta que la justicia dirima si aquello fue un improbable error masivo, una formidable negligencia o, sencillamente, un delito. De aquellos días recordamos la indignación contenida de los familiares, expresada públicamente de manera contundente por el padre de uno de los fallecidos, el general de Intendencia José Luis González Arribas, que acusó de incompetente al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, en una carta difundida por algunos medios de comunicación. También recordamos el empeño con que se aplicó el ministerio de Defensa en negar las evidencias , tachando las informaciones publicadas de 'sensacionalistas y crueles' y arremetiendo contra los familiares que reclamaban saber la verdad, a los que acusó de utilizar la tragedia para prolongar el sufrimiento del resto de las familias. Esta campaña de desinformación, extendida por tierra mar y aire, tuvo su colofón cuando el entonces presidente, José María Aznar, pidió en las vísperas del 14M que se dejase a los muertos en paz y no se les utilizase electoralmente. Con todas las precauciones y exigencias a las que obliga el estado de derecho, dejemos que la justicia remate este procedimiento. Sólo cabe preguntarse legítimamente si, en el caso de que finalmente los tribunales determinen que hubo delito en la identificación de los cadáveres, alguien dentro del PP reclamará la autoría intelectual de una investigación forense de vértigo que se desarrolló en apenas 24 horas y llevó a entregar a las familias cuerpos que no eran y al Rey a condecorar a militares que no estaban en los féretros correspondientes. Dada la trayectoria y la competencia del general Vicente Navarro no sería arriesgado concluir que obedeció órdenes, y que quien las impartió no está en montañas lejanas ni en desiertos remotos.

Isaías Lafuente