Actualizado 20/12/2007 01:00

Isaías Lafuente.- Otra vez el aborto.

MADRID 20 Dic. (OTR/PRESS) -

De manera un tanto estrafalaria, el debate sobre el aborto se ha colado de nuevo en la agenda política. La operación contra unas clínicas en las que presuntamente se practicaban abortos ilegales ha despertado tanto a quienes consideran estas prácticas un acto criminal y a los que creen que su regulación actual queda corta.

El aborto plantea problemas éticos que se pusieron de manifiesto cuando se elaboró la actual ley. En conversaciones privadas, Felipe González planteó a la jerarquía eclesiástica un cambio de papeles: yo condeno el aborto y ustedes, los obispos, meten en la cárcel a las mujeres, forma fina de decir que una cosa es predicar y otra dar trigo. Aquellos problemas éticos, en el ámbito político, quedaron resueltos con la norma. La prueba del nueve es que el partido que desde la oposición se opuso a la ley y la llevó al Tribunal Constitucional - entonces AP - no la tocó después en sus ocho años de gobierno, e instituciones como la Iglesia, que ha salido a la calle contra el gobierno socialista por las leyes educativas, en defensa de la asignatura de religión o en contra de la Educación para la Ciudadanía, no hizo lo propio en tiempos del gobierno Aznar para exigir la derogación de la ley del aborto.

Después de veintidós años, la interrupción voluntaria del embarazo deja estadísticas elocuentes. La práctica totalidad de los abortos se realiza en los plazos que marca la ley y casi todas las mujeres, un 97%, se acogen a ese supuesto terapéutico que es el que más protege su libertad de decidir, aunque no evite el escrutinio al que deben ser sometidas ni esa sensación de que al tomar una decisión tan difícil están enfrentándose a un delito que la magnanimidad del Estado les perdona. Una ley de plazos no elevaría el número de abortos y, sin embargo, proporcionaría una mayor seguridad jurídica y permitiría centrar los esfuerzos de vigilancia sobre aquellos supuestos extremos que se escapan a los plazos.

Pero además, el Estado debe reflexionar y actuar sobre un fenómeno paradójico y es el aumento constante del número de abortos a pesar de que la información y el acceso a medios para controlar la natalidad cada día son más y mejores, aunque parece que no suficientes. Por eso, además de una ley que regule mejor la práctica del aborto se necesitan medidas que intenten evitar que las mujeres lleguen a esa situación extrema.

Una buena educación sexual desde la escuela, un mejor acceso a métodos anticonceptivos, una mayor presencia de la sanidad pública - hoy, prácticamente ausente -, un observatorio que, preservando la intimidad de las mujeres, permita ofrecer una fotografía nítida sobre el fenómeno, y campañas constantes que incidan sobre los sectores más vulnerables, como las que se hacen sobre el tráfico, el maltrato o el tabaco, por ejemplo, podrían formar parte de esa serie de medidas. Aunque seguramente quienes se oponen al aborto también lo hagan a alguna de estas cosas, como se enfrentaron ferozmente en su día al "¡póntelo, pónselo!" que promovió la entonces ministra Matilde Fernández.

Isaías Lafuente.

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