MADRID 22 Feb. (OTR/PRESS) -
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha decidido retirar el proyecto de ley que pretendía dificultar el acceso de los menores al alcohol. La fuerte oposición de los sectores afectados por la medida que se preparaba, fundamentalmente el de los productores de vino, ha sido fundamental para que la firme ministra, que ha salido bien parada de bregas no menos complicadas, haya decidido dar marcha atrás en esta ocasión. Pero seguramente la oposición más determinante haya sido la sufrida en casa, en el seno de su gobierno y entre los barones del PSOE, algunos de ellos presidentes de comunidades autónomas en las que el peso del sector es fuerte. Dentro de tres meses tienen que ir a las urnas y una ley como ésta no es la mejor tarjeta de presentación.
Nadie puede poner en duda la buena voluntad de Elena Salgado. De hecho, lo peor de esta rectificación es que con su retirada no desaparece por ensalmo el problema que la ley pretendía combatir: el del consumo de alcohol por parte de nuestros adolescentes. La última Encuesta Nacional de Salud presenta un panorama preocupante: los chavales se inician en el consumo de alcohol a los 13 años, casi siete de cada diez beben habitualmente los fines de semana y un tercio confiesa emborracharse al menos una vez al mes. Si alguna vez nuestros políticos se sacuden los dos o tres temas que les emborrachan y pretenden encontrar algún asunto que merezca sus esfuerzos y su consenso, aquí tienen uno de extrema gravedad.
Y si existe buena voluntad, no me parece muy difícil encontrar el terreno en el que la ley pueda actuar contra el consumo de alcohol por parte de los menores salvaguardando al mismo tiempo los intereses de un sector que elabora un producto como el vino considerado, también por la ley, alimento natural que debe ser protegido y potenciado por formar parte de nuestra cultura y ser una industria potente de nuestra economía.
El problema es que legislar es lento y la retirada "indefinida" de este proyecto puede posponer el nuevo intento otros dos o tres años. Hace cinco, Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior, intentó sacar adelante un proyecto semejante: la ley antibotellón. Lo llevó al consejo de ministros, pero finalmente, como ahora ha hecho la ministra Salgado, decidió dar marcha atrás y retirarlo. A pesar de que ahora su partido pide la dimisión de la ministra, él, entonces, no dimitió. Así que, frustrada la ley de la ministra Salgado, desde el proyecto Rajoy hasta que vea la luz una norma semejante, habrá pasado una década. La lentitud siempre tiene efectos demoledores, pero cuando se legisla sobre temas que afectan a los adolescentes, el retraso afecta a dos o tres generaciones de jóvenes ciudadanos y este es un dato que nos debería mover a la reflexión.
Y ya, de paso, podríamos dar un par de vueltas a otro aspecto de este asunto y es que, con o sin leyes que combatan el consumo de alcohol por parte de menores, los padres, los educadores, los responsables de establecimientos en los que se venden o se dispensan estos productos y los publicistas tenemos una responsabilidad esencial que no podemos derivar al Estado. En este caso, cada cual debe pagar su ronda.
Isaías Lafuente.