José Cavero.- La reprobación de Múgica

MADRID 18 Oct. (OTR/PRESS) -

¿Es Múgica un réprobo, o podría llegar a serlo? A juicio de Izquierda Unida, no hay duda, y de ahí que acometan esa iniciativa para su reprobación como Defensor del Pueblo. Los socialistas son conscientes de que la iniciativa no prosperará, e incluso que ellos mismos no la apoyarán, pero le han dado paso para que don Enrique padezca una cierta operación de castigo político. Ya saben ustedes la razón: Enrique Múgica, hace algunas semanas, sorprendió a algunos -a otros, menos- por presentar al tribunal Constitucional un recurso contra el estatuto de autonomía de Cataluña. Múgica alegó que había recibido multitud de cartas de ciudadanos contrario al texto, y que, además, él mismo tenía algunas "salvedades" sobre el texto elaborado por el Congreso y ya en vigor.

¿Qué puede pasar con este asunto político? De momento, el Congreso acepta debatir la propuesta de destitución de Múgica por causa del Estatuto catalán. El PP muestra su indignación ante la iniciativa y el PSOE la rechazará cuando se vote. Zaplana dice que es un atropello del gobierno, mientras IU acusa al defensor del pueblo de negligencia y de hacer propaganda política. IU acusa al alto cargo de extralimitarse, al recurrir el Estatuto ante el TC. Entienden los analistas que nos hallamos ante un aviso del Gobierno al defensor del pueblo por perturbar sus planes de reforma del Estado. Alguno ha empleado un término más radical, al sostener que el PSOE permite el linchamiento político de Múgica.

¿Castigo, linchamiento? Enrique Múgica fue designado Defensor del Pueblo, cabe la pena recordarlo, por el gobierno de Aznar, y poco después de la llegada al poder de los socialistas se rumoreó que Zapatero tenía ya una candidata para relevarlo. No se produjo aquel relevo y Múgica está en su segundo y último mandato, que le conducirán a su final ya con setenta años cumplidos. Es conocido que Múgica no ha sido un entusiasta del Gobierno en algunas de las materias que éste ha abordado en los últimos años, y entre ellas la reordenación del Estado y el proceso de paz en Euskadi. Su condición de Defensor del Pueblo le permite determinadas prerrogativas y disponer de una posición "de autoridad" que van más allá de su informe anual sobre las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las distintas administraciones públicas.

La cuestión que se plantean los analistas y los políticos es: ¿Múgica hubiera actuado de este modo contra el Estatuto en su primer mandato de Defensor del Pueblo, o lo hace precisamente ahora, en su recta final, para despedirse de su cargo, alineándose con el partido que lo designó?

José Cavero.