José Cavero.- El documento rechazado por el PP.

MADRID 17 Dic. (OTR/PRESS) -

La fracasada cumbre de los presidentes autonómicos es "la bronca que no cesa". Ayer intervino Rajoy, que calificó de pataletas la reacción crítica de Zapatero y que felicitó a "sus" presidentes por haberse opuesto a las propuestas del jefe del Gobierno... Todavía dará mucho que hablar esa cumbre y sus propuestas, que Zapatero se resiste a dar por muertas: las revivirá del modo que sea, porque le parecen adecuadas para la creación de empleo, que es de lo que se trata. Por más que el PP haya vuelto a negar su apoyo a la salida de la crisis, ni siquiera cuando el 80 por 100 de los planteamientos estaban incorporados al texto presentado a los presidentes, y rechazado por los populares...

He leído con detenimiento los 19 folios del documento que el presidente Zapatero trasladó a los presidentes de las 17 comunidades autónomas reunidos este lunes en el Senado, y que el grupo de los ocho presidentes pertenecientes al PP, seis presidentes propiamente dichos y los "jefes" de Ceuta y Melilla, se negó a votar favorablemente por entender que no estaban suficientemente debatidos o consensuados, provocando un considerable enfado del jefe del Gobierno.

De entrada, se trata de cuestiones extraordinariamente conocidas y debatidas en la sociedad española: La necesidad de adoptar medidas contra la crisis y para superar el peor de los efectos de esta crisis, la destrucción de empleo. Parte el documento de la necesidad de adoptar reformas que permitan alcanzar un crecimiento económico sólido y estable y, consecuentemente, de producir empleo. E invoca la exigencia de colaboración entre las distintas administraciones para mejorar el contexto económico y productivo. A partir de ahí, se insta al Gobierno a promover una reforma legal capaz de crear empleo, especialmente contratación indefinida, eliminando la dualidad del mercado de trabajo. Y cita, a continuación, las medidas laborales que se propone adoptar el Gobierno: reducción de jornada, revisión de bonificaciones a la contratación, refuerzo de los servicios públicos de empleo, mejora de la intermediación laboral, reducción de la dualidad y tasa de temporalidad, reducción del desempleo juvenil y la brecha salarial de hombres y mujeres.

En segundo lugar, la propuesta sobre el sistema de pensiones y de la Seguridad Social para asegurar su sostenibilidad y suficiencia. Las comunidades autónomas, a su vez, se comprometen a estimular la participación de las empresas en la planificación e impartición de las enseñanzas de la formación profesional. Gobierno y CCAA constituirán un grupo de trabajo que proponga medidas necesarias en certificar académicamente los conocimientos adquiridos por la apariencia profesional. El Gobierno propondrá a los interlocutores sociales iniciativas que favorezcan la mejor utilización de los contratos formativos por empresas y trabajadores.

Entra en el siguiente apartado en la estabilidad de las finanzas públicas, para llegar a la conclusión de que la Administración general del Estado y las CCAA deben realizar un importante esfuerzo de consolidación fiscal para asegurar un nivel de deuda pública sostenible, compatible con los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Y para ello, el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos asumen el compromiso de reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas hasta el 3 por 100 del PIB en 2013, así como a mantener la deuda por debajo del promedio de los países de la eurozona, con contención de los gastos de personal y austeridad en el incremento de la masa salarial.

El capítulo siguiente se centra en el impulso a la competitividad, mediante la reestructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular de las cajas de ahorro, y mejorando el acceso a la financiación; mediante la transposición de la directiva de servicios, con una política energética coherente y sostenible, optimizando los recursos destinados a I+D+i y a la internacionalización de las empresas, con un sistema educativo competitivo y eficaz y reformando los organismos reguladores.

El impulso a la política industrial es el propósito del aspecto siguiente que considera el Documento. También con el propósito de mejorar la competitividad del conjunto de la economía y de recuperar el crecimiento y el empleo, adoptando medidas como la mejora de la regulación y reducción de cargas, formación, diseño e innovación industrial, apertura de nuevos mercados y mejora de la sostenibilidad ambiental. Se mencionan luego sectores a impulsar, como el turismo, la automoción, la biotecnología y las tecnologías sanitarias, las TIC, protección medioambiental, sector aeroespacial... Para ello, el Gobierno y las CCAA crearán en el plazo de un mes una Comisión de Política Industrial que elabore una Estrategia Industrial para España 2010-2020.

El siguiente capítulo se centra en el impulso al desarrollo de las actividades del sector servicios y la aplicación de la directiva de Servicios, que representan dos tercios del PIB español. El Gobierno y las CCAA se comprometen a desarrollar las previsiones normativas sobre libre establecimiento y prestación de servicios, a reducir el ámbito de exigencia de licencias de actividad y los supuestos de silencio negativo, para garantizar la unidad de mercado y mejorando los sistemas de defensa de la competencia. El Gobierno se compromete a reformar el marco regulatorio de los servicios profesionales, a adoptar las reformas necesarias para la plena efectividad de los derechos de libre acceso a las actividades de servicios, y las CCAA se comprometen a agilizar la tramitación de las iniciativas de reforma del mercado legal para la efectiva transposición de la Directiva de servicios, con las reformas reglamentarias necesarias y los acuerdos de cooperación pertinentes.

Otro capítulo del documento se dedica al sector agrario, de pesca y medio ambiente, como sector de especial relevancia para la actividad productiva, el mercado de trabajo y el desarrollo económico del país. La agricultura y la ganadería se configuran como un sector estratégico determinante para dar respuesta a importantes problemas que afectan a la humanidad en su conjunto. Señala este capítulo de atenciones que el Gobierno y las CCAA consideran prioritaria la continuidad de la Política Agraria Común y que ambas partes acuerdan impulsar las actuaciones de las administraciones españolas en apoyo de la agricultura. Posiblemente es el capítulo más amplio y detallado de todos, que termina con la postura que España debería proponer en la cumbre del Clima de Copenhague.

Por último, aborda la cuestión de la Función pública, y aboga por un nuevo modelo de administraciones públicas más estable y más eficiente, al que deberá llegarse con la cooperación y la coordinación de todas las administraciones. Se menciona la necesidad de impulsar el estatuto del empleado público, la modernización e innovación de las administraciones públicas, la generalización de la administración electrónica que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, la formación continua de éstos...

¿Qué asustó al PP a firmar este documento? ¿Que no todo él era "de elaboración propia", y que contenía aspectos reflejados en la Ley de Economía Sostenible, rechazada por Rajoy? Esa parece la razón suprema y última. Y en todo caso, la posición de no atribuir al Gobierno ni una gota de realidad y de buenas prácticas contra la crisis...