José Cavero (2).- Jueces, policías, guardia civiles o fiscales.

MADRID 8 Abr. (OTR/PRESS) -

Desde que se supo que el individuo que aterrorizó a José Luis Moreno en su casa se había fugado, era previsible pensar en la alarma social que se iba a producir, y en que se organizaba "un gran follón". Y en ello estamos: jueces, policías y guardias civiles se intercambian ya desde hace unos días la acusación sobre la responsabilidad de que se permitiera esa fuga después de que Buschi declarara ante el juez de Alcobendas. El juez lo dejó libre de culpa... en el asunto del que acababa de juzgarlo, pero no de todos los casos que se acumulan contra Buschi.

Pues bien, ahora, al intercambio de acusaciones efectuadas por jueces y policías, se acaba de añadir la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien defiende al juez de Alcobendas, ante el que compareció Astrit Buschi, argumentando que "no necesitaba saber qué tipo de delincuente" tenía delante para adoptar la resolución de la causa que está conociendo. "Él no puede decidir en base a otro procedimiento sino a los indicios que hay en esa causa", asegura la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, para insistir en que la responsabilidad del juez se limita a conocer "las circunstancias y los indicios" respecto al procedimiento abierto. Además, añadió que son la acusación particular o el Ministerio Fiscal los encargados de solicitar la prisión provisional del acusado, y no lo hicieron en este caso.

"Después de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de oficio no puede acordar una prisión provisional. Tiene que ser la acusación particular, o el Ministerio Fiscal, quien en la comparecencia la tiene que solicitar", explicó. Y recordó que el protocolo normal de actuación establece que, cuando un preso acude a un juzgado, con independencia de la resolución que su titular adopte, debe volver al centro penitenciario. "En el caso de que el juez decida otorgar libertar provisional al condenado por la causa que está conociendo, esa libertad se debe ejecutar en el centro penitenciario", alegó Bravo, quien argumentó que el juez "no sabe exactamente" si tiene alguna otra causa pendiente por la cual debe continuar preso. Por lo tanto, remarcó la portavoz del CGPJ, será en la cárcel donde se compruebe que el acusado no tiene otra causa pendiente.

En relación con la investigación abierta por el CGPJ para esclarecer los hechos, Gabriela Bravo indicó que las labores de inspección para elaborar un informe se extenderán a lo largo de un mes, y una vez realizado este documento, la comisión disciplinaria establecerá si incoa diligencias informativas, directamente un expediente, o si estima que no hay responsabilidad disciplinaria y la actuación del juez se ha desarrollado conforme a los parámetros legales. En este caso, archivaría la investigación. "Trataremos de dilucidar si hay alguna posibilidad de concretar alguna cuestión por parte del órgano jurisdiccional que pudiera derivar en responsabilidad disciplinaria. Si no es así y se pudiera desprender de los hechos la posible comisión de un delito, se derivaría a los órganos jurisdiccionales competentes", señaló.

Finalmente, concluyó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, comparecerá en las próximas horas en la sede del Consejo para aportar un dato más en la investigación que está realizando.

Todo permite suponer que tenemos "Caso Buschi" para rato. Salvo que la policía tuviera el acierto y la suerte de proceder nuevamente a su detención en los próximos días, algo que, lamentablemente, no parece demasiado probable...