José Cavero.- Mínimo margen para recomponer las relaciones Gobierno-centrales.

MADRID 19 Oct. (OTR/PRESS) -

La presión de los mercados para mantener las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno y el rigor del ajuste, combinados con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, han dejado un estrecho margen de maniobra al Gobierno para recomponer sus relaciones con los agentes sociales tras la huelga del 20-S. Como explicó este domingo en El Bierzo José Luis Rodríguez Zapatero, el objetivo en lo que queda de legislatura es recuperar sus bases tradicionales de electores. Pero eso no va a ser fácil. Y el resultado final dependerá de los interlocutores. El Gobierno no lo oculta. "El margen de negociación es muy estrecho", declaraba hace diez días Elena Salgado, según relata La Vanguardia. Y la realidad así lo corrobora: pese a los esfuerzos del socialista Jesús Membrado, cada vez que el Gobierno envía una ley en el Congreso de los Diputados, pierde el control de la misma por falta de aliados en la oposición. En este contexto, un planteamiento como el de Ignacio Fernández Toxo -"una ley se cambia con otra ley"- no sirve. Pero las tareas se acumulan.

El Gobierno es consciente de que ha explicado mal el cambio en su política económica. No ha sido hasta la reciente convocatoria de huelga general cuando el Gobierno ha percibido su actual situación. Miembros del Gabinete consideran que los ciudadanos no secundaron la huelga en parte para no agravar su propia situación laboral y económica, pero discrepan abiertamente de la política de ajuste, como indican los sondeos. Por todo ello, el Gobierno es el primer interesado en recuperar el diálogo con los agentes sociales, visto ahora como una oportunidad para hacerles partícipes del cambio de ritmo en la política económica que ha impuesto la crisis. La primera prueba que afrontará el Ejecutivo es la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Se ha dejado margen al grupo socialista para que haga "ligeros retoques" en alguna figura impositiva. Una opción podría ser la subida de los tipos de la renta del capital del 22 al 24%, propuesta que se presentó al Consejo de Ministros del 24 de septiembre y que "quedó aparcada". No es probable que los cambios impositivos vayan más allá: la debilidad del crecimiento previsto para el 2011 lo impide.

En el ámbito estrictamente laboral está claro que la ley aprobada el 9 de septiembre no se puede cambiar. Sin embargo, se pueden "reorientar" algunos aspectos. Por ejemplo, a través de limitar la contratación temporal. Otro ámbito de negociación es el inminente desarrollo del "modelo austriaco" para articular los fondos que compensarán el coste de los despidos. También hay que negociar las "cláusulas de descuelgue" de los convenios. Queda un último aspecto: el de las políticas activas, en torno a las cuales se abre un amplio catálogo de cuestiones como los acuerdos de formación continua. Se trata de pactos bipartitos y tripartitos firmados el 2006 que caducan este mes y que suponen nada menos que el reparto de 2.100 millones que gestionan los agentes sociales y constituyen uno de los pilares de su financiación. En la reforma laboral se dejó explícitamente al margen el futuro de la negociación colectiva. Patronal y sindicatos llevan un año sin avances. El Gobierno puede "estimular" estas negociaciones o se verá obligado a legislar para mitigar la rigidez del actual marco laboral español. El tercer pilar del diálogo social es la reforma de las pensiones de la Seguridad Social.

El pacto de Toledo lleva dos años trabajando sin éxito. El Gobierno presentó en enero una propuesta que tiene fecha de caducidad a final de año. Los grupos parlamentarios han llegado a acuerdos concretos pero siguen sin abordar el grueso de la reforma. Se trata de alargar el periodo de cálculo de 15 a 20 años, endurecer el acceso a la pensión completa elevando de 35 a 40 los años exigidos. El Gobierno está dispuesto a asumir una alternativa al retraso de la edad de jubilación a los 67 años que nazca del consenso parlamentario. Esto daría respuesta a otro de los motivos de la huelga general. Dice seguidamente La Vanguardia que el nuevo titular de la cartera de Trabajo deberá saber defender con contundencia, pero también con sabiduría, los cambios en la política económica. Y al mismo tiempo, saber encontrar los resquicios necesarios en el ajuste presupuestario para recuperar el diálogo social para reconciliarse con su base electoral. Esto implica un sólido perfil político y un conocimiento técnico del mundo laboral.

A estos parámetros se ajusta el hoy vicepresidente tercero, Manuel Chaves, abogado laboralista que, en su día dejó, la cartera de Trabajo para ganar las elecciones en Andalucía. Fue el hombre que recompuso el diálogo en la familia socialista tras la exitosa huelga de 1988. De resultar elegido, Chaves cuenta con la inestimable ayuda de Octavio Granado, puntal de Trabajo y el "hombre mágico" para reformar las pensiones. En cuanto a los sindicatos tampoco lo tienen fácil, dice luego el análisis. Con independencia del nivel de participación en la huelga general, muchos analistas creen que los sindicatos han sabido capitalizar el malestar social contra el giro en la política gubernamental. En ese contexto, la mejor manera que tienen sus dirigentes para salir airosos del actual trance y evitar que se les acuse de facilitar el declive electoral del Gobierno socialista es rentabilizar la movilización a través de acuerdos que amortigüen el impacto social del ajuste. Esto explica que para sus dirigentes sea tan importante como para los empresarios o el Gobierno lograr acuerdos que justifiquen el esfuerzo que han exigido a los trabajadores. La UGT, que hasta hace poco sintonizaba plenamente con Zapatero, es ahora la central más beligerante, partidaria de mantener las movilizaciones hasta alcanzar algún acuerdo. Pero no se puede olvidar que CC.OO. tiene dos almas y una de ellas, la que está representada por la corriente que lidera Agustín Moreno, es todavía más reivindicativa que UGT.

El vacío de poder que va a crear en la patronal CEOE la convocatoria de elecciones, dificultará enormemente el diálogo social hasta mediados de diciembre. Hasta entonces va a resultar verdaderamente complicado que prospere alguna cosa. Uno de los errores del presidente saliente, Gerardo Díaz Ferrán, es marcharse sin haber sido capaz de firmar un gran acuerdo -con la excepción de la renovación del AINC que fue posible, según sus propios colaboradores, "porque no se movió ni una sola coma"-. Por esta razón, una de las cualidades más importantes que deberán garantizar los empresarios al elegir a su futuro presidente es su talante negociador. Todo parece indicar que el perfil que barajan las organizaciones es el de "un hombre de la casa", capaz de recomponer la actual situación. Es decir, tendrá que culminar el proceso de democratización interna, rehabilitar su deteriorada imagen ante la sociedad y, sobre todo, redefinir el papel de la CEOE. En los dos años de crisis la organización ha mantenido una postura maximalista y poco rigurosa que ha imposibilitado el diálogo.