José Cavero.- Otra cita en la Moncloa.

MADRID 18 Ago. (OTR/PRESS) -

Después del anuncio de encuentro de Zapatero y Tomás Gómez, pospuesto y desarrollado horas más tarde pero ya sin la expectación periodística inicial, parece haberse producido algo parecido en el encuentro de Zapatero con los "el lobby constructor", que constituyen los presidentes de las seis grandes firmas del sector, Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, FCC y OHL. Los diarios que este martes han relatado por qué no se produjo ese encuentro, discrepando sobre las razones.

Dice El Mundo que Zapatero intenta desligar sus bandazos del lobby constructor y que suspendió una reunión prevista con los grandes del ladrillo para evitar que se relacione con el globo sonda de la subida de impuestos. Según ABC, Zapatero dejó a los constructores plantados tras citarlos en la Moncloa, y que el presidente iba a explicar las principales empresas del sector sus recortes en obra pública, pero el entorno del presidente alega la filtración de la reunión como causa para aplazarla sine die.

Según La Gaceta, Zapatero convocó a los constructores y los desconvocó tres horas después, y habla de descontento por el recorte de la inversión y por los problemas de financiación. Y frente a esas versiones e interpretaciones, discrepa el diario El País, que asegura que fueron los constructores quienes anularon su cita con Zapatero para no parecer pedigüeños. Insiste: El motivo de la anulación del encuentro, dice este diario que cita fuentes gubernamentales, apunta al revuelo informativo y al temor de los constructores a parecer ante la opinión pública como pedigüeños* Pues bien, este miércoles, a las 11.30 iban a visitar el palacio de la Moncloa los empresarios que dirigen las grandes constructoras del país.

Se trataba, según el detallado relato de El País, de una reunión convocada hace semanas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través del ministro de Fomento, José Blanco. El sector trasladaría allí su malestar por el recorte en obra pública. El sector no quería dar la imagen de ir a La Moncloa como "pedigüeños". El presidente dijo hace días que iba a dar buenas noticias a los constructores. Pero a media mañana del lunes, apenas 48 horas antes del encuentro, se desconvocó. La suspensión sine die cogió con el paso cambiado a alguna empresa, inmersa en los preparativos de un documento con las peticiones que presentaría. Fuentes gubernamentales explican que la iniciativa de suspenderlo partió de las propias constructoras, incómodas ante la expectación generada.

Al menos dos empresarios trasladaron a La Moncloa la conveniencia de celebrar la reunión en otro momento, pues el debate suscitado en los últimos días acerca de las infraestructuras y la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los recortes anunciados añadía presión a los asistentes, que temían aparecer "como pedigüeños". El encuentro, concebido de forma discreta, adquirió notoriedad al divulgarse el lunes, notoriedad que disgustó a algunos de los empresarios convocados, aseguran las mismas fuentes. "Lo que tiene que saber el presidente de las constructoras ya lo sabe. Dada la expectación generada por un encuentro informal que no supone nada especial, se ha pensado que lo mejor sería dejarlo para otra ocasión", añaden fuentes del sector.

Sigue contando El País que "lejos de tomarlo como un desplante a una reunión convocada por el propio Zapatero", el Ejecutivo pareció aliviado de retirar los focos de un encuentro que, con toda seguridad, iba a centrarse en el indulto a los recortes de la inversión anunciados hace unos días por Zapatero y la asfixia económica que viven las constructoras por las cantidades que les deben los Ayuntamientos. Los ejecutivos iban dispuestos a hablar no solo del clima económico general, sino de su creciente malestar a raíz del anuncio de reducir en 6.400 millones el gasto en obra pública para este año y el próximo. En las últimas semanas, los empresarios y las asociaciones que los representan han emprendido una campaña en la que destacan el importante efecto que el tijeretazo tendrá en el empleo.

Calculan que cada millón de euros que se deja de invertir en infraestructuras supone la destrucción de 18 puestos de trabajo. Además, se esfuerzan por difundir que la alta tasa de retorno de las obras hace que el ahorro que consiguen las Administraciones Públicas al suspenderlas resulte mínimo. Para evitar una oleada de quiebras, piden un plan de reestructuración que incluya ayudas fiscales y del ICO. En la cita con el presidente pensaban plantear fórmulas financieras que flexibilizaran la suspensión de inversiones, y que Fomento analizara individualmente cada proyecto que fuera a paralizar para estudiar el impacto que provocaría la decisión.

La presión ejercida en las últimas semanas había logrado que Zapatero se interesase personalmente por sus peticiones, lo que le llevó a anunciar que el Gobierno daría "en 10 ó 15 días un cierto alivio a las comunidades autónomas y un empujón importante a las grandes constructoras". Días más tarde, Blanco especificó que las obras indultadas tendrían un importe aproximado de 500 millones de euros, y admitió que el recorte de 6.400 millones es "excesivo" y afecta a obras "singulares e importantes". Pero los gigantes de la construcción no pensaban hablar sólo del recorte de Fomento. También querían plantear un asunto que les preocupa cada vez más: la situación ruinosa de los Ayuntamientos.

Las contratas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales reclaman a los municipios una deuda de 3.425 millones. Por eso están tan interesadas en sondear al Gobierno sobre posibles fórmulas con las que los alcaldes -con unos números rojos de casi 30.000 millones- puedan endeudarse más y pagarles. Los municipios piden que el Gobierno elimine la prohibición de incurrir en nuevo endeudamiento a lo largo de 2011 y que cumpla la obligación legal de poner en marcha una línea del ICO destinada a los Ayuntamientos. Entre otras aspiraciones, el sector propone que el Gobierno aumente la inversión en obra pública en los Presupuestos de 2011 a costa de reducir el gasto no productivo. Quiere que se establezcan tasas o peajes vinculados con la prestación de servicios.

Reclama prioridad para el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado en abril, con un gasto de 17.000 millones. También aboga por el aumento de los ingresos públicos por vías como la fiscalidad sobre los carburantes, tabaco, copago sanitario..., la privatización de organismos que prestan servicios públicos, como AENA u otros, incluso en el marco autonómico (televisiones, empresas públicas...). En fin, las constructoras también proponen vías que permitan endeudarse más a los ayuntamientos, para que puedan saldar la deuda de casi 3.500 millones que los municipios tienen con las empresas que les suministran servicios medioambientales. Como sucedió con Tomás Gómez, en cualquier momento nos enteraremos de que el encuentro se produjo, son mayor expectación ni versiones...