Actualizado 27/03/2010 13:00

José Cavero.- Petición del fiscal para Matas.

MADRID, 27 Mar. (OTR/PRESS) -

Había división de opiniones sobre si Jaume Matas -que no Jaime- tendría pena severa o pena leve tras su juicio en Palma. Ahora ya, conocida la petición del fiscal, se puede garantizar que no habrá demasiadas contemplaciones para el acusado, aunque no parece probable que se cumpla el pronóstico que algunos hicieron, de que iría directamente de los Juzgados a la prisión. Eso tampoco parece probable... De momento, y tras escuchar las explicaciones de Jaume Matas durante más de 15 horas de interrogatorio, el fiscal del caso ha decidido pedir una fuerte fianza para que el ex presidente balear pueda eludir la prisión: prisión comunicada eludible con una fianza de tres millones de euros, retirada del pasaporte y obligación de presentarse ante el juez cada quince días. Posiblemente hasta el lunes no se conocerá lo que finalmente decidirá el magistrado, pero es muy probable que tenga en cuenta las consideraciones del "defensor de la legalidad".

El interrogatorio de los dos días anteriores sirvió para repasar todos los detalles del patrimonio de Matas, los contratos de su presidencia y la posible financiación irregular del PP balear. Según fuentes jurídicas, Matas ha colaborado aportando detalles, e incluso ha reconocido haber manejado dinero negro, pero intentando reducir todo el entramado de corrupción a un delito fiscal por su parte. El ex presidente sólo reconoció ante el juez haber gastado 400.000 euros en efectivo en los últimos años, de los que asumió que una parte era en dinero negro. También detalló que el origen de este dinero era, por un lado 16 millones de pesetas del traspaso de una tienda y el ingreso mensual de un alquiler parcialmente en negro. También reconoció que utilizó dinero opaco en la compra de su controvertido palacete de Palma, valorado en dos millones y medio de euros, y adquirido en menos de un millón...

Matas afirmó que no ha incrementado de manera ilegal su patrimonio, algo difícil de explicar o de entender, a la luz de los datos que salieron a relucir durante el juicio. Declaró, además, que el piso de la playa de Sa Colònia es de su madre y que decidió comprar y reformar la casa que tiene en alquiler su familia en Madrid, pero que, tras pagar la señal, la traspasó a un amigo, Bartolomé Reus, también imputado. Tras escuchar todas estas explicaciones, la Fiscalía mantiene intactas sus acusaciones contra el ex presidente por nueve delitos. Y en cuanto a la serie de decisiones que llevaron al sobrecoste y reparto de comisiones en la construcción del velódromo Palma Arena, Matas sólo se responsabilizó de las "grandes decisiones políticas" de su Gobierno, del PP, y trasladó a cargos de tercer nivel todo el protagonismo -y la presunta carga penal- en las actuaciones en la construcción del complejo. Matas intentó desmarcarse de las supuestas irregularidades detectadas por las que le imputan nueve delitos de corrupción, que podrían acarrearle 30 años de cárcel.

Matas no se apartó del rol presidencial y se desvinculó por completo de la gestión de los contratos, trámites "administrativos" y control de los fondos de la infraestructura, que casi triplicó su coste hasta 110 millones de euros. Defendió "con todas las consecuencias" la operación pero atribuyó a personajes secundarios la ejecución de su iniciativa estrella, "un milagro", según la calificó él. Matas sostuvo que tampoco intervino en el contrato de nueve millones a los arquitectos de su confianza, que construyeron el Palma Arena y la sede del PP. También se desmarcó del consorcio y la fundación creadas adrede y de los expedientes de crédito por hasta 40 millones de euros.

El ex presidente balear rechazó que su campaña electoral de 2007 se financiara con fondos B. El juez indagó en los contratos de la agencia Nimbus, relacionados con la posible financiación irregular del PP balear. La Fiscalía sostiene que, con Matas en el poder, el PP pagó 71.058 euros a esta agencia, a través de dinero negro de su cuñado y ex gerente del partido Fernando Areal, también imputado. Nimbus logró más de 2,4 millones de euros del Gobierno Matas en tres años y trabajó a la vez para el PP, el Ejecutivo y el Palma Arena.

El juicio ha reclamado atenciones especiales para el defensor de Matas, el abogado Rafael Perera, quien el jueves dio un golpe de efecto para intentar torpedear el desarrollo de la causa lanzando sospechas de espionaje en el interior del juzgado. Perera aseguró que "se vulnera y mediatiza hasta extremos intolerables" su derecho de defensa y logró bloquear el acto judicial durante casi una hora. El juez José Castro ordenó cambiar de lugar la comparecencia de Matas y trasladar el complejo sistema de grabación y registros. No se hallaron los sistemas de espionaje.

Y como complemento del "drama" judicial, la participación de muchos ciudadanos en la calle para exigir que el ex presidente devuelva los bienes robados. Una plataforma contra la corrupción, integrada por entidades cívicas, culturales, vecinales y ecologistas reunió el jueves, en una manifestación por el centro de Palma, a varios miles de personas en la más numerosa manifestación de protesta por los casos de corrupción política. Se calcula que asistieron unas 3.500 personas (más de 8.000, según los organizadores), que gritaron un "basta ya" a la corrupción de los políticos, aunque se advirtió que "no todos son iguales". Se escucharon gritos de "Basta de chorizos", "Es el dinero, es el dinero" o "Por las instituciones limpias", "Salvemos la democracia"... Los organizadores intentaron evitar la politización partidista de esta marcha. Se leyó un manifiesto denunciando "la crisis institucional y democrática, provocada por destacados miembros de determinados partidos". Ante el cúmulo de escándalos destapados en Baleares, los asistentes exigieron "una regeneración profunda", que "dignifique y proteja las instituciones de la corrupción, que acabe con la impunidad de corruptos y corruptores" para evitar que repitan en las próximas elecciones.

No hay duda de que después del Caso Munar y de Unión Mallorquina, el Caso Matas ha reclamado atenciones preferentes sobre la clase política del archipiélago.