MADRID 13 May. (OTR/PRESS) -
Vista la decisión del Tribunal Constitucional, podría concluirse que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha actuado correctamente ante el problema de las listas electorales de la llamada izquierda abertzale para las próximas elecciones municipales y las forales de Navarra. En resumidas cuentas, el alto tribunal respaldó que el Gobierno no ilegalizase ANV -un partido político cuyos estatutos condenan la violencia- y que recurriese a la estrategia de impugnar sólo las listas en las que figuraban personas vinculadas a grupos ilegales detrás de los cuales podría estar Batasuna.
Es, qué duda cabe, un asunto muy discutible pero, aún así, si España fuese un país normal, una vez escuchada la voz del Tribunal Constitucional debería acatarse su decisión, sin entrar en más polémicas. Pero no es eso lo que sucede, viendo ciertas reacciones del PP y de Batasuna e incluso de otras fuerzas que a menudo apoyan al Gobierno en estos temas. Veamos algunas razones que condicionan el rigor y el equilibrio.
La primera y quizá la más preocupante es porque el Tribunal Constitucional también se percibe a veces como parte y no como juez del tremendo jaleo político que hay en España. Y ello es así porque a los dos grandes partidos se les ocurrió influir con tal voracidad en sus componentes que se llegó al extremo de que ahora se habla de magistrados conservadores y progresistas, como si fuesen diputados y meras correas de transmisión del PSOE y del PP. La segunda razón también es política, ya que en el fondo aquí se le ha endosado a jueces del Supremo y a magistrados del Constitucional un problema que ellos pueden afrontar con la ley en la mano pero no resolver de manera definitiva. Eso es algo que sigue correspondiendo a los políticos, por muchos escudos que busquen en unas instituciones judiciales a las que de paso también podrían devolver su independencia. Pasadas las elecciones, alguien deberá mover ficha, a riesgo de repetirse la misma historia en las generales.
José Luis Gómez