Pedro Calvo Hernando.- Nueve-siete: una diferencia ridícula

MADRID 26 Mar. (OTR/PRESS) -

Nueve votos a favor y siete en contra de la inscripción de Sortu como partido político, es decir, dos votos de diferencia en un colectivo de magistrados de 16, es un resultado que casi iguala a los partidarios del sí y del no. El trasvase de un solo voto de los partidarios a los contrarios habría traído el empate, y uno más, la victoria de la tesis de la inscripción. Nos movemos en unos términos de diferencia ridícula, que evocan la escasísima entidad de la postura contraria a la legalización de Sortu.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo está dividida casi al 50%: quien no quiera verlo así es que se niega a ver la realidad. Los argumentos de quienes nos hemos mostrado a favor de la legalización resulta que eran de una gran fuerza, y mucho más para quienes no introducíamos en nuestra posición razonamientos políticos sino estrictamente jurídicos. Pero al final nos vemos dotados también de enormes razones políticas. Qué le vamos a hacer. Ahora más que nunca el Tribunal Constitucional tiene la estricta obligación de pronunciarse al menos con la rapidez que permita a Portu participar en las elecciones del 22 de mayo, si su veredicto es favorable. Otra cosa no se tendría en pie.

Lo siento de verdad por el Gobierno y por el presidente Zapatero, que se han visto en la tesitura de no atreverse a hacer prevalecer las leyes, más que nada por santo temor al PP y a la derecha en general, cuyos posicionamientos hacían temer lo peor para el caso de que el fallo fuese favorable.

Ya lo advirtió Jesús Eguiguren, una de las cabezas mejor dotadas del universo socialista. Yo comprendo que bastante tiene el Gobierno con su calvario particular en todos los órdenes, pero el Gobierno tendría que haber comprendido que la legalización era y es la mejor vía para la instalación definitiva de la paz y de la normalización política, sobre todo con la cobertura, a mi juicio total y absoluta, del vigente ordenamiento jurídico, por supuesto incluida la poco deseable Ley de Partidos, como piensa casi la mitad de la Sala del 61, que ha legitimado y fortalecido la tesis de la necesaria legalización.