MADRID 1 Feb. (OTR/PRESS) -
La actuación judicial contra el Lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, adolece de dos defectos que la hacen, a mi juicio, indeseable, por mucho que pueda fundamentarse en derecho. El primero, la imputación por haberse reunido con Arnaldo Otegi; el segundo, lo que tiene de invasiva incursión de la judicatura en un terreno, el de la política, que compete a la soberanía de los ciudadanos y que se sustancia en sus visitas a las urnas. Si Arnaldo Otegui es un señor que está libre y que, en consecuencia, se mueve y se expresa a la vista de todos, ¿qué razón legal puede existir para que uno no pueda hablar con él? Pero es que, además, la máxima autoridad política del Estado en el País Vasco, el Lehendakari, podría e incluso debería entrevistarse con el personaje en cuestión aun en el caso de que su situación fuera irregular, bien que guiado por el propósito de trabajar por regularla, la suya y la de sus correligionarios de Batasuna que tanta plasta dan.
No se reunió Ibarretxe con Otegui para conspirar, ni para alterar secretamente el precio de las cosas, ni para pasarse maletines a cambio de recalificaciones de suelo, ni para blanquear sucios capitales, sino en el curso de las conversaciones y contactos que se siguen, y que ojalá culminen con éxito algún día, para la definitiva erradicación de la violencia y el terror. Pero claro que el señor Ibarretxe está sujeto, como todos los españoles (salvo el Rey, al parecer), al imperio de la ley, de suerte que si matara, robara, secuestrara, estafara o agrediera, debería ser puesto a disposición de los tribunales. Mas, ¿ha hecho algo de eso el Lehendakari? Antes al contrario, el presidente electo de los vascos parece, cual es su obligación, luchar contra todas las modalidades del delito. Los jueces, que ni son una casta sacerdotal ni pueden, en consecuencia, vivir en un dogma remoto e indescifrable, deberían discernir finamente, sobretodo en casos de alta política como éste, cuales son sus límites.
Rafael Torres.