- El escrito de acusación relaciona los atentados con la participación de España en la guerra de Irak
- Descarta la implicación de ETA, que no ha utilizado Goma 2 ECO en los últimos 10 años
MADRID, 6 Nov. (OTR/PRESS) -
Los 29 acusados por los atentados del 11-M en Madrid se enfrentan a penas que suman un total de 270.885 años de prisión, una cifra récord en la Justicia española. Se les imputan 191 asesinatos terroristas consumados y 1.824 en grado de tentativa, por los que serán juzgados el próximo mes de febrero. La mayoría de estas penas se piden para seis de los imputados, considerados autores materiales e intelectuales de la masacre, y para el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, como cooperador necesario. En su escrito de acusación la fiscal, Olga Sánchez, señala que la idea de cometer el atentado comenzó a fraguarse con la detención en 2001 de ocho musulmanes como miembros de una célula de Al Qaeda en España y se reafirmó con la intervención de nuestras tropas en la guerra de Irak. Además, descarta radicalmente la implicación de ETA, que no ha utilizado Goma 2 ECO --el explosivo empleado en los atentados- en los últimos 10 años.
En su escrito, de más de 340 páginas, la Fiscalía atribuye la autoría intelectual del 11-M a Serhane Abdelmajid Fakhet, que se suicidó junto a otros 6 supuestos autores de la masacre el 3 de abril de 2004 en Leganés, Rabei Osman 'El Egipcio', que será entregado la próxima semana por Italia, donde precisamente hoy fue condenado a 10 años de prisión, Yusef Belhadj y Hassan el Haski.
La fiscal apunta que la idea de cometer el atentado se gestó en noviembre de 2001 cuando se detuvo al Iman Eddim Barakat Yarkas, 'Abuh Dahdah' como jefe de la célula de Al Qaeda en España, y a otros siete musulmanes que después fueron condenados por el Tribunal Supremo. Una idea que posteriormente se reafirmó, según afirma el escrito, con la intervención de España en el conflicto de Irak.
En cuanto a la autoría material de la masacre, los que colocaron las trece bombas en los trenes, se atribuye a doce personas, aunque sólo tres de ellas se sentarán en el banquillo de los acusados, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar.
El resto son el jefe ideológico de la célula, Serhane; el jefe operativo, Jamal Ahmidan 'El Chino' -que también se suicidó en Leganés-, los otros cinco miembros del grupo que se voló el 3 de abril de 2004 (Allekema Lamari, Rifaat Anouar, Abdennabi Kounjaa y los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Akcha), Mohamed Afalah -rebelde muerto en Irak-, y el huido Daoud Ouhnane, además de alguno más no identificado.
LA MAYOR PENA, PARA TRASHORRAS
Pero la mayor pena de cárcel se pide para el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, algo más de 38.600 años de prisión por la autoría de la masacre en condición de cooperador necesario. El fiscal entiende que fue él quien entregó a Jamal Ahmidan los casi 200 kilos de Goma 2 ECO sabiendo que podrían ser empleadas en un atentado grave, ya que conocía el fanatismo integrista que inspiraba a 'El Chino'.
Además, la Fiscalía procesa por asociación ilícita a otros miembros de la denominada 'trama asturiana', como Antonio Toro, Raúl González, Javier González, Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis e Ivan Granados. El escrito provisional de la Fiscalía fue presentado hoy mismo ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el juicio, previsto para el próximo mes de febrero, estará integrada por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, informaron fuentes jurídicas.
ETA, DESCARTADA
En su escrito la Fiscalía también se ocupa de la vinculación que podría tener ETA en los atentados del 11-M. En un epígrafe específico dedicado a las investigaciones realizadas en este punto el escrito aporta seis conclusiones que descartan cualquier tipo de vinculación de ETA con el 11-M. Una de las fundamentales hace referencia a los explosivos utilizados en la masacre de Madrid, Goma 2 Eco, que según los informes que se recabaron de la Policía, la Guardia Civil y Ertzaintza lleva sin utilizar más de una década.
El escrito apuna que aunque en las primeras comparecencias de los responsables del Ministerio del Interior, los días 11 y 12 de marzo de 2004, se atribuyó la autoría del atentado a ETA, las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información y otras unidades especializadas bajo la dirección de juez Juan Del Olmo "arrojaron ya desde los momentos inmediatamente posteriores al atentado múltiples evidencias incriminatorias que vinculaban la acción criminal con el terrorismo internacional 'yihadista'".
También recoge que ETA, un día después de los atentados, "a través de la llamada telefónica al periódico GARA y a la televisión vasca ETB, negó cualquier relación con el citado atentado". También se niega la vinculación de ETA comparando los atentados en los que la banda terrorista utilizó teléfonos móviles. Fue en tres ocasiones. en el cuartel de Intxaurrondo en noviembre de 2000, contra el cementerio de Zarautz (Guipúzcoa) en enero de 2001 y otro en el Puerto de Pasajes ese mismo mes. En estas acciones ETA uso el teléfono como sistema de activación a distancia, mediante una llamada a mismo, mientras que en el artefacto intervenido entre los efectos recuperados de la Estación del Pozo, el teléfono se utilizaba como "sistema de activación temporizado".