- La Sala del 61 aceptó la petición de los promotores de la formación abertzale para celebrar una vista pública
MADRID, 24 Abr. (OTR/PRESS) -
Habrá que esperar tres semanas más, hasta el próximo día 16 de mayo, para saber si Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) puede estar o no en las próximas elecciones. La Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo aceptó la solicitud cursada por los promotores ASB para que se celebre una vista pública en la que se examinen las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado interpusieron contra esta formación.
Los dieciséis magistrados que componen la conocida como Sala del 61 del Supremo, que se creó para la ilegalización de Batasuna, se reunieron hoy para estudiar las demandas de ilegalización que el pasado día 3 presentaron contra ASB por la Fiscalía y la Abogacía del Estado al considerar esta formación como sucesora y continuadora de Batasuna.
Durante algo más de tres horas y media los magistrados estuvieron reunidos estudiando el caso. Finalmente accedieron a la petición de los promotores de ASB para celebrar una vista pública y decidir entonces si se admite la inscripción de esta formación en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, o por el contrario se le deniega al entender que no cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Partidos.
Ayer ASB esperó hasta el último momento y sus representantes presentaron alegaciones ante el Supremo a las 14.00 horas, tan sólo una hora antes de que expirara el plazo legalmente establecido. En su escrito de alegaciones solicitó la celebración de esta vista, una petición a la que el Supremo ha accedido, aunque legalmente no estaba obligado a hacerlo, para "garantizar de la manera más amplia y completa la tutela de los intereses generales y particulares concurrentes".
EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL
La vista tendrá lugar a las 10.30 horas del próximo 16 de mayo, en plena campaña electoral, y en ella podrán comparecer todas las partes y aportar la prueba documental que estimen oportuna, unos para probar que ASB cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley de Partidos para estar en las próximas elecciones y otros para evidenciar que esta formación es sucesora de la ilegalizada Batasuna.
En sus demandas de ilegalización, la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideraban a ASB una "clara sucesora" de Batasuna. A la hora de fundamentar su decisión, ambos escritos se basan en los mismos cuatro puntos: ASB utiliza la misma denominación (Batasuna), comparte idéntica estructura organizativa que la formación ilegalizada y sus promotores -dos de tres- forman parte de la Mesa Nacional de Batasuna. La cuarta razón es su proximidad a la violencia, ya que incluso alguno de ellos, como es el caso de Marije Fullaondo, que formalizó la solicitud de inscripción ante Interior, está imputada por integración en ETA.
En sus alegaciones, además de pedir la celebración de esta vista y negar cualquier continuidad con Batasuna, el abogado de ASB, Iñigo Iruin, solicitó plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos al entender que vulnera la libre creación de partidos. Y como prueba documental, admitida por el alto tribunal, ASB solicitaba pedir al registro de Partidos Políticos copia de los Estatutos de Coalición Canaria (inscrito en 1997), Liberación Andaluza (1986), Democracia Nacional (1995), Mesa Nacional Falangista (2006), Esquerda Nacionalista (1997), Bloc Nacionalista Valenciá (1998) y Aralar (2001).
También pedía que se remita copia del requerimiento realizado a la Guardia Civil sobre las promotoras de ASB y de varios escritos del fiscal en el procedimiento seguido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna.