Actualizado 16/01/2007 19:50 CET

Crónica Intimidad.- El Ayuntamiento de Mérida se expone a 360.000 euros de multa por instalar cámaras en sus autobuses

- La Agencia Española de Protección de datos ha admitido a trámite la denuncia planteada por la FSAP-CC.OO.

MÉRIDA, 16 Ene. (OTR/PRESS) -

Al Ayuntamiento de Mérida le puede salir caro haber instalado cámaras de vigilancia en el interior de sus autobuses urbanos. Al menos así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Juan Luis Lancho, quien anunció que la Agencia Española de Protección de Datos ha admitido a trámite la denuncia presentada por este sindicato. Al igual que una asociación vecinal de la ciudad, este sindicato cree que las cámaras de vigilancia vulneran el derecho de privacidad de trabajadores y viajeros. De esta forma, la Agencia puede imponer al Ayuntamiento una multa de hasta 360.000 euros.

A tenor de lo presentado hoy por CC.OO., el Ayuntamiento emeritense ha supuestamente incurrido en dos infracciones derivadas de la colocación de cámaras de seguridad en sus autobuses desde agosto de 2005. Uno podría costarle entre 60.101 y 300.506 euros por violar la ley orgánica que se refiere a la Protección de los Datos de Carácter Personal. Según este texto, "el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado", algo que se habría incumplido en este caso al no solicitar autorización ni a empleados de la línea de autobuses ni a los usuarios de éstos.

La otra infracción a la que se refiere la Agencia Española de Protección de Datos está tipificado como leve y puede acarrear una sanción de entre 301 y 60.101 euros. En él habría incurrido el consistorio al no solicitar la inscripción en el Registro General de Protección de Datos del fichero que almacena las imágenes. La empresa pública Transportes Urbanos de Mérida S.L. tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que considere necesarias que le libren de pagar ambas multas.

TRABAJADORES Y USUARIOS DESPROTEGIDOS

Juan Luis Sancho confía en que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para proceder a la retirada de las cámaras. Sin embargo, lamentó que sean los ciudadanos los que paguen en última instancia, con sus impuestos, unas decisiones que sólo competen a representantes políticos.

La Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad de Mérida también ha expresado su satisfacción por la decisión de la Agencia de Protección de Datos. Según el colectivo, que también había presentado denuncia, la actitud de la empresa de transportes suponía un "acoso". El portavoz y secretario de la asociación vecinal aseguró que las imágenes grabadas "no están seguras en manos de estos dirigentes". La empresa argumentó en su momento que habría instalado las cámaras precisamente para lograr la seguridad dentro de los vehículos y evitar que algunos viajeros se colasen en el autobús sin abonar el billete.