- Eleva su solicitud hasta la máxima pena al considerar probado que trasladaban dinamita "en perfecto estado de uso y conservación"
- Sus abogados piden la absolución y niegan que tengan "ninguna relación" con los explosivos
GIJÓN, 23 Nov. (OTR/PRESS) -
La Fiscalía decidió hoy elevar la petición de pena para Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, procesados en el marco del caso Pipol, hasta la máxima condena posible. El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, presentó hoy su escrito de calificaciones en el que eleva su petición inicial hasta solicitar penas de 18 años y seis meses para Toro y de 18 años para Trashorras por delitos de tráfico de explosivos y por tenencia y tráfico de drogas. El fiscal considera probado que ambos, procesados también en el sumario del 11-M, trasladaban dinamita "en perfecto estado de uso y conservación". Por su parte, los abogados de los dos imputados piden la absolución de sus clientes y niegan que tengan "ninguna relación con los explosivos".
En su petición inicial, el fiscal Perals solicitó diez años y seis meses de prisión para Toro por el delito contra la salud pública y siete años por tenencia de explosivos. Por este último delito ahora eleva su petición a ocho, que es la pena máxima que recoge el Código Penal. En el caso de Trashorras, la pena que el fiscal pedía inicialmente era también de diez años de prisión por tráfico de drogas y siete por el de explosivos. En este caso, también ha elevado la pena al máximo previsto en el Código Penal por el último delito.
En el escrito de calificaciones provisionales que hoy presentó el fiscal antidroga de Asturias también se solicita para los dos procesados multas de 218.000 euros. La fiscalía considera probado que en el verano del año 2001 Antonio Toro y el ex minero avilesino le ofrecieron dinamita en al menos tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera. El fiscal también recoge que Antonio Toro trasladaba en el maletero de su vehículo los explosivos, "en perfecto estado de uso y conservación", junto con varios detonadores.
En el juicio que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial la defensa también presentó hoy sus conclusiones. Gerardo Turiel, el abogado de Trashorras aseguró que su cliente "no participó en ninguna venta, ni ofrecimiento ni tenencia, ni posesión de dinamita ni tampoco guardaba ninguna relación con los explosivos" que la policía incautó en una plaza de garaje de Avilés.
Además, negó que exista relación de Trashorras con el alquiler de la plaza de garaje que, según considera probado el fiscal en las modificaciones de escrito, compartían Trashorras, Toro y José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'. Turiel negó también los hechos que se le imputan al ex minero en lo relativo al tráfico de droga y por el que el fiscal le pide una pena de diez años de cárcel.
IMPUGNA LAS GRABACIONES
La abogada de Toro, María Teresa Suárez, también niega que su defendido esté implicado en el tráfico de explosivos y además impugna las grabaciones de conversaciones telefónicas que supuestamente implican a Toro en el tráfico de drogas. En caso contrario la defensa de Toro pide que se le imponga la pena mínima -seis meses de cárcel y multa de 10.000 euros- al aplicarle el atenuante de haber sido detenido con cantidades de hachís que no suponen tráfico a gran escala.
Además la letrada señala que el hachís "es una sustancia que no causa grave daño a la salud". Por último la defensa de Toro también recordó que su cliente colaboró con la policía en el momento de su detención e indicó donde estaba el garaje en el que se localizó la droga y los explosivos.