Crónica Tabaco.- Madrid permite fumar en los bares de empresas, bodas y actos institucionales

- Sanidad dice que el decreto "es un paso atrás" y que si procede lo recurrirá

MADRID, 2 Nov. (OTR/PRESS) -

Tal y como se había anunciado desde el primer momento, la legislación de la Comunidad de Madrid respecto al tabaco flexibiliza muchos puntos respecto de la norma estatal que entró el pasado mes de enero. El reglamento que aprobó hoy el Consejo de Gobierno autonómico confirma que los madrileños podrán fumar en bares de empresas, en los actos conmemorativos de carácter público y en bodas y celebraciones similares si así lo deciden los contratantes. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, avanzó que estudiará la legislación y, si procede, la recurrirá, un paso para el que las autoridades madrileñas están preparadas porque ya han avanzado que plantearán un recurso de inconstitucionalidad.

El reglamento que aprobó hoy la Comunidad de Madrid para desarrollar su normativa autonómica autoriza a fumar en celebraciones privadas como bodas y cualquier evento en un reservado si así lo deciden los promotores y, "de manera excepcional", en los actos conmemorativos, de representación, institucionales o análogos siempre que se celebren en las dependencias no productivas.

Además, permitirá fumar en las cafeterías de los centros de trabajo si el local tiene más de cien metros. En los centros educativos y sanitarios seguirá prohibido. Para separar la zona de fumadores de la de no fumadores, obliga a los locales a instalar mecanismos eficaces de extracción de humos y olores. El Ejecutivo autonómico da a los locales un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva normativa.

El consejero de la Comunidad de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, subrayó que el documento elaborado por su departamento "se limita estricta y escrupulosamente" a la normativa estatal y avanzó que, si el Ministerio lo recurre, el Gobierno autonómico planteará una cuestión de inconstitucionalidad.

Lamela explicó que dando por hecho los efectos nocivos del tabaco, sobre los que "nadie duda", el objetivo de las Administraciones debe ser ayudar a dejar el hábito a los ciudadanos decididos y no "imponer obligaciones". En cualquier caso, insistió en que "la gran razón de ser" del decreto autonómico es "anteponer los derechos de los no fumadores a los de los fumadores" desde la "premisa" de que los poderes públicos están "para proteger y conciliar los derechos y las libertades".

PLANES CONCRETOS

En ese sentido, destacó que Madrid es "la primera y única administración española" que apoyará, "con planes concretos" y cofinanciación, los tratamientos de deshabituación tabáquica, para lo cual se negociará con sociedades científicas y profesionales, empresarios y sindicatos.

El Gobierno ya ha tenido la primera reacción. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, confirmó en el Congreso su intención de recurrir el decreto porque "no se ajusta ni al espíritu ni la letra" de la legislación que en su momento aprobaron las Cortes Generales. "Es un paso atrás", sentenció. A la espera de conocer la redacción definitiva del decreto del Gobierno madrileño, la ministra indicó que, de lo que ha trascendido, se deduce que ese desarrollo reglamentario "no se ajusta ni al espíritu ni a la letra de la ley".

"En un momento en que nadie discute los males del tabaco para la salud, y una vez que se había conseguido un consenso sobre una ley que no es perfecta pero que al menos protege la salud en los centros de trabajo, esto supone un paso atrás muy importante en la protección de la salud --afirmó--. Es un mal día para los madrileños".

También se mostraron muy críticos desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, quienes creen que el Tribunal Constitucional debería pedir la suspensión cautelar del decreto aprobado hoy por considerar que va en contra del espíritu de la ley y en contra de la salud pública de los madrileños y de los españoles.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad pública anunció que recurrirá el decreto porque "altera sustancialmente la legislación estatal", que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.