- Aprueban un decálogo de cara a las elecciones municipales y autonómicas "para luchar contra el urbanismo salvaje"
MADRID, 23 Oct. (OTR/PRESS) -
El decálogo contra la corrupción urbanística diseñado por el PSOE incluye el compromiso de cesar a los cargos públicos socialistas sobre los que recaigan sospechas de irregularidades en torno "al urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole". Así lo anunció hoy el secretario de Organización del partido, José Blanco, explicando que esta medida forma parte del ideario que asumen de cara a la cita electoral de las municipales y autonómicas para combatir "el urbanismo salvaje".
Blanco explicó que el decálogo que aprobó hoy su partido se basa en medidas que el PSOE ya planteó este verano y en el que se apuesta por hacer ciudades "habitables y equilibradas" y por competir en calidad y no en cantidad a través de la asunción plena de responsabilidad de las comunidades autónomas en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supranacionales.
Durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, el secretario de Organización socialista anunció que nadie sobre quien recaiga "indicios racionales" de estar implicados en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formará parte de las listas socialistas. En ese sentido, explicó que serán separados del PSOE y se exigirá su cese.
Blanco emplazó al PP a que adopte los mismos compromisos asegurando que "si la oposición no elimina de sus listas a las personas con indicio de criminalidad, demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones sino con quien se aprovecha y abusa de éstas".
Por otro lado y como parte de su decálogo, los socialistas llaman a fijar "límites" al crecimiento urbano en función de parámetros como "las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el municipio, la capacidad de absorber el crecimiento, la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar".
VIVIENDA PROTEGIDA
Igualmente, se apuesta por recuperar la función social de la vivienda, subrayando el compromiso de reservar al menos el 25 por ciento del suelo residencial para vivienda protegida. Además se llama a preservar el patrimonio natural; a someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los convenios; y a que las plusvalías del urbanismo estén al servicio del interés general, todo ello tal y como se recoge en la nueva Ley del Suelo, en trámite parlamentario.
La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró que la Ley del Suelo contribuirá a frenar la corrupción urbanística ya que establece mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo al ser obligatorio que los convenios urbanísticos se sometan a información pública con un resumen ejecutivo que los ciudadanos podrán valorar.
Desde IULV-CA, Ignacio García, se denunció que la decisión del PSOE de publicar un decálogo deja en muy mal lugar al PSOE andaluz, "que nunca ha querido reconocer parte de la responsabilidad de la Junta en el control urbanístico y que además "ha rechazado en varias ocasiones propuestas de la coalición de izquierdas para luchar contra la corrupción urbanística y la especulación".
En ese sentido, lamentó que los socialistas andaluces "se han lavado las manos ante el problema del descontrol urbanístico en nuestra comunidad" y hace tan sólo un mes rechazaron en sesión plenaria una propuesta de IULV-CA en la que se les instaba a la creación de un grupo de trabajo que tendría como objeto analizar este problema y proponer soluciones efectivas.