Andrés Aberasturi.- Ahora la polémica del copago

Actualizado 29/11/2008 1:00:43 CET

MADRID, 29 Nov. (OTR/PRESS) -

Y siguen vendiendo la conocida como Ley de Dependencia tal cual si fuera un éxito redondo, ya en plena vigencia, aplicada en todo el territorio nacional, de gran calado social y de la que se están beneficiando prácticamente todas las personas afectadas, esos 3,8 millones de discapacitados, según las cifras del CERMI. Pues no. La situación está muy lejos de ser idílica y no sólo por la última polémica surgida en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia: la formalización -teórica- del llamado "copago" en la que se establece que los dependientes con rentas superiores a 517 euros, pagarán en parte esas ayudas.

De entrada habría que señalar que esa decisión sobre el copago -que se contempla en la Ley- llega dos años después de que ésta entrara en vigor y se ha hecho, desde el punto de vista del CERMI y de los representantes del PP, mediante un "acuerdo", cuando la fórmula para ajustarse a derecho debería haber sido por un real decreto. No se trata de una minucia legal, sino de que al aceptarse como un simple "acuerdo" puede generar interpretaciones particulares en cada autonomía, de forma que el principio de igualdad sería papel mojado.

Pero es que el CERMI va más allá. Va a recurrir este acuerdo por lo anteriormente expuesto, pero, además, cree -con razón- que esos 517 euros de ingresos exentos de copago, son una miseria y que haría bien el Gobierno en plantearse subir esa cuota realmente miserable. Pero esto es lo puntual, lo último en una Ley que nació mal, que creció poco y lentamente, que se "vendió" demasiado y que sigue originando grandes errores, muchas frustraciones y graves desigualdades.

Hay autonomías que ya venían atendiendo a estos colectivos mejor incluso que lo que propone la propia Ley y otras cuyas cifras y celeridad en los baremos y "pagas", resultan, al menos, sospechosas. Lo que en la Ley se considera como excepcional -por ejemplo, la ayuda económica directa al familiar que cuida del discapacitado- en Andalucía alcanza cifras elevadísimas y difícilmente comparables con las del resto del país. No pocos estudios y muchos artículos en prensa han cuestionado hasta qué punto el dinero que recibe el familiar no se "reparte" con un contratado -generalmente inmigrante y sin papeles- o está a nombre de una nuera o un yerno que ni tan siquiera aparecen semanalmente por la casa del discapacitado. La picaresca de siempre que no es bueno que nazca y menos aun que se extienda. Allá la Junta de Andalucía con su responsabilidad frente al resto del país y de los contribuyentes todos.

Lo único cierto es que, a estas alturas, la Ley de Dependencia ha sido más citada en discursos, mítines y reuniones que casos ha resuelto. Y esto es así y así seguirá siendo hasta que, de una vez, se unifiquen de verdad los criterios de su aplicación y se aclaren muchas zonas oscuras que siguen inundando de dudas y contradicciones a un colectivo que ha luchado mucho desde el asociacionismo, que ha aguantado demasiado como en su nombre se mentía y que no se merece tanta política de salón y tan pocos resultados.

Andrés Aberasturi

OTR Press

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