MADRID, 28 Ene. (OTR/PRESS) -
Oigo a un dirigente de ERC calificar de "tortuosas" las relaciones entre el gobierno central de Pedro Sánchez y el gobierno independentista de Pere Aragonés en Cataluña. No está mal el calificativo si, por ir a lo último, nos atenemos al difícil parto presupuestario para las cuentas públicas de la Generalitat del año ya en curso.
Las últimas horas hablan de fumata blanca en el presunto acuerdo ERC-PSC sobre los presupuestos para 2023. Lo nuevo es que, después de cinco semanas de negociación entre esos dos partidos, el Govern ha aceptado incluir la construcción de la llamada B-40 (cuarto cinturón de Barcelona), que era una de las infraestructuras reclamadas por los socialistas catalanes como condicionante del voto favorable en el Parlament.
Se traslada la impresión de que las negociaciones se han desbloqueado, pero quedan pendientes otras reclamaciones de los socialistas. No solo en infraestructuras (ampliación del aeropuerto de El Prat y casino de Tarragona, básicamente) sino también en gasto social (en Sanidad, sobre todo). Tocante y sonante todo ello, lo cual es valorado por una sociedad catalana cansada de debates sobre cuestiones intangibles y objetivos inalcanzables, como la separación de España o la Cataluña rica y plena cantada por los segadores del himno.
El caso es que, con los pasos de Sánchez en la desjudicialización del "conflicto" (indultos sedición cancelada, malversación retocada), el Gobierno central ya ha llegado a lo más que podía llegar. Y uno de los efectos colaterales ha sido la fractura del independentismo. Gracias a esa carrera de sacos entre la ERC de Junqueras y el Junts de Puigdemont, Moncloa ya no tiene tanta presión y su posición negociadora respecto a las pretensiones secesionistas ha mejorado considerablemente.
En esta derivada del laberinto catalán, la de las cuentas públicas de la Generalitat, estamos ante una claudicación en toda regla de Aragonés ante las exigencias del jefe de filas de los socialistas catalanes, Salvador Illa, evidentemente conectado a la estrategia de Moncloa. De ahí que los otros independentistas (Junts y Cup) acusen de "sucursalismo" a la ERC que gobierna en el Palau de Sant Jaume.
Véase el agitado trasfondo de la inclusión de la B-40 en los presupuestos, que hasta ahora el govern había rechazado por razones medioambientales y falta de encaje en el modelo de movilidad urbana de ERC. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha reconocido públicamente que los cálculos del partido han cedido ante el interés general: disponer de unos presupuestos para mejorar la vida de los catalanes. Pero tampoco está garantizado, pues por ahora ERC solo cuenta con los "Comunes". Para que salgan adelante necesitaría el apoyo de una de las otras dos grandes fuerzas, Junts o PSC. O la abstención de ambas.
