Antonio Casado.- Corrupción en la Junta

MADRID 4 Jul. (OTR/PRESS) -

Afirmar que se malversó dinero público en el fraude masivo de los ERE andaluces es una mera descripción de lo ocurrido. Sin embargo, en el auto de la juez Alaya que imputa a veinte cargos o ex cargos de la Junta de Andalucía no se describe ninguna conducta encajable en dicho tipo penal: malversación de fondos públicos. No digo que no encajen. Digo que la juez no lo aclara en el auto. En ningún momento usa la palabra "malversación", tal y como figura en el Código Penal.

La instructora judicial del mayor escándalo de la Andalucía socialista únicamente se refiere al "dispendio continuado de fondos públicos", como resultado de un una indebida aplicación de los procedimientos legales relacionados con la ejecución presupuestaria. Eso nos remite a la figura de la "prevaricación" (propia de un funcionario público que toma decisiones injustas a sabiendas), pero aquí nos topamos con el mismo vacío. La jueza ni siquiera lo menciona. Del relato pueden derivarse, según los grados de responsabilidad, sanciones administrativas o, en el peor de los casos, la inhabilitación de los afectados.

En el auto tampoco se formulan acusaciones contra la Junta de Andalucía como supuesta organizadora o consentidora de una trama montada para desviar dineros públicos hacia bolsillos privados de intermediarios, comisionistas, compañeros de partido, amigos, familiares, so pretexto de ayudar a trabajadores y empresas en apuros. Pero la trama existió. Eso es incontestable, por muchas vueltas que le demos. Se trata, por tanto, de descubrir a quienes la montaron o la consintieron.

En eso estamos. Y en eso está la juez Alaya. Lo lógico es que busque a partir de las personas que a la sazón desempeñaban cargos en Economía, Innovación, Hacienda, Intervención General y Empleo. En todas esas áreas de la Junta estuvo ensartado el circuito oficial por el que discurría el dinero destinado a ayudar a empresas en crisis y trabajadores abocados al paro.

Los veinte nuevos imputados en el auto del pasado 28 de junio, en razón de las competencias que tenían asignadas, deberán explicar ante la juez Alaya, acompañados de procurador y abogado, cómo se malversaba una parte de los 721 millones presupuestados a lo largo de 10 años. Los veinte desempeñaban cargos cuya función les impide alegar desconocimiento, so pena de haber pecado por desidia, omisión o colaboración pasiva, en el mejor de los casos. Ya veremos si, en razón de sus competencias cuando estaba viva la trama malversadora de dineros públicos fueron colaboradores necesarios de los principales sinvergüenzas del caso o, por desidia en el ejercicio del cargo, se quedaron en el incumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria.

Lo inaceptable es la impunidad, tanto judicial como política. Aplíquese el higiénico principio de ir hasta el final caiga quien caiga. En este y en todos los asuntos de corrupción política que nos agobian justo cuando peor lo están pasando, a causa de la crisis económica, los españoles peor situados en la escala socio-económica.